|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La terminación definitiva del Estatus de Protección Temporal, cancelado desde el 8 de septiembre de 2025 por los Estados Unidos y confirmado por la Cancillería de Honduras el 18 de agosto de 2026 implica que más de 54,300 hondureños han perdido la protección migratoria que les permitía residir y trabajar en los Estados Unidos; asimismo, enfrentan la posibilidad de ser deportados en caso de permanecer en el país. Lo que hasta hace poco era una amenaza en el horizonte es hoy una realidad en marcha y obliga a Honduras a responder una pregunta postergada por años: ¿Podrá seguir Honduras dependiendo de las remesas o invertirá por fin en producir internamente?
Desde hace más de 10 años, Honduras se ha convertido en un país que depende significativamente de las remesas, de tal manera que, por cada dólar que ingresa al país por exportaciones ingresan 2 por remesas y respecto de la Inversión Extranjera Directa, la relación se aumenta en 10 a 1. Para el 2026 se proyecta que ingresen alrededor de US$13 mil millones, básicamente este es el principal ingreso que sostiene la balanza comercial del país (nuestra capacidad de seguir pagando la compra de productos importados, medicamentos, ropa, alimentos, etc.). Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares[1], alrededor de 670 mil hogares hondureños reciben remesas y el 62 % la reciben mensualmente. Por otra parte, la Encuesta Semestral de Remesas Familiares[2] evidencia que para el 45 % de los hogares[3] este es su principal ingreso.
Entre tanto, los tepesianos hondureños enviaban en promedio entre US$160 y 210 millones anuales[4], cifra que ilustra el peso de este grupo dentro del flujo más amplio de remesas familiares e indica que el presente escenario no es un asunto menor tanto para el ingreso de divisas al país como para el ingreso particular y el bienestar de los hogares que recibían esa remesa de sus familiares protegidos por el TPS.
Respecto de la dimensión territorial, los datos del Banco Central de Honduras (BCH) muestran que son Francisco Morazán y Cortés los departamentos que reciben un mayor flujo ordinario de remesas, entre US$377 y 512 millones, lo que plantea una preocupación mayor: las remesas no solo son un ingreso complementario en los departamentos cuya estructura productiva y laboral obliga a las personas a buscar mejores oportunidades migrando a los Estados Unidos, sino que también complementan el ingreso en los centros urbanos “desarrollados” donde, en teoría, hay más empleo formal.
Otro hecho relevante y a su vez, de preocupación, es que, casi un 80 % de los hogares que reciben remesas, utiliza este dinero para financiar el consumo cotidiano (manutención, medicamentos, educación, pago de deudas); de estos, solo un 4 % ahorra y apenas un 3 % invierte en negocios o inmuebles. Es decir, el país ha recibido un ingreso excepcional de divisas que no se ha utilizado para la acumulación de capital e inversión si no para mantener ligeramente a flote al país. Esto también se pude afirmar basándose en hecho que el principal circuito recepto de remesas son los familiares cercanos al migrante (40% madre, 18% hermanos, 11% hijos o padre, 7% cónyuge y 3% abuelos).
Este patrón se asemeja a lo que la literatura económica describe como «enfermedad holandesa», aunque en lugar de un boom petrolero o minero, el flujo que distorsiona la economía es el de las remesas. El mecanismo es conocido: una entrada sostenida de divisas externas, ajena a la productividad interna, tiende a apreciar el tipo de cambio real, reduce el incentivo a exportar, sostiene el consumo sin exigir contrapartida productiva y adormece el resto del aparato productivo.
Honduras ha convivido con esta dinámica sin nombrarla: mientras las remesas sostenían el consumo de cientos de miles de hogares, la inversión en capacidades productivas, empleo formal y salarios competitivos se mantuvo rezagada. El resultado es una economía que depende de que otro país absorba a su fuerza laboral, en vez de generar internamente los empleos que esa fuerza laboral necesita.
El fin del TPS no es solo un problema migratorio, es un examen directo a esa dependencia. Decenas de miles de hondureños que trabajaban en Estados Unidos —muchos de ellos jefes o jefas de hogar cuyo envío mensual era el ingreso principal de una familia entera— regresan a un mercado laboral hondureño que no fue diseñado para absorberlos. La pregunta no es solo cuántos vuelven, sino en qué condiciones el país puede recibirlos: ¿hay empleo formal disponible?, ¿los salarios son comparables a la remesa que antes enviaban?, ¿existe infraestructura productiva para integrarlos de forma digna?
La respuesta honesta es que todavía no y aún más considerando otros aspectos sociales (separación de familias, según su ciudadanía) y psicológicos (regresar a un país muy diferente al que conocieron a su partida, más inseguro e inestable políticamente, etc.). Por eso el reto de fondo no es paliativo (orientación legal, bolsas de empleo temporal, capital semilla) sino estructural; Honduras necesita invertir de forma decidida en ampliar sus capacidades productivas, en sectores capaces de generar empleo formal, bien remunerado y sostenible, que absorban tanto a la población ya presente como a quienes regresan.
Las remesas permitieron a Honduras se mantuviera a flote durante años, el fin del TPS puede marcar el principio del fin de esa ilusión. Lo que el país haga o deje de hacer ahora, definirá si esta crisis se convierte en el detonante de acciones que transformen al país en una economía más productiva o en una más de las crisis sociales mitigada con políticas asistencialistas de gobierno, como ha sido en otras ocasiones.
[1] Estimación propia con base en los datos de la EPHPM 2025 (INE, 2025)
[2] Resultados Encuesta Semestral de Remesas Familiares (BCH, 2025)
[3] Aproximadamente 301,500, considerando la estimación con los datos del EPHPM
[4] TPS Honduras: Impacto de su Cancelación (NODO, 2025)
