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Esta semana, un grupo de organizaciones de sociedad civil, reunidas en la Mesa de Reformas Electorales y con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregamos al Congreso Nacional un paquete de 87 propuestas de reforma. La respuesta de algunos actores políticos tradicionales no se hizo esperar: cuestionamientos, descalificaciones y rechazo a varias de nuestras iniciativas. Ante esa reacción, vale la pena hacerse una pregunta de fondo: ¿quién tiene la legitimidad para decir cómo debe funcionar el sistema electoral hondureño?
Un sistema capturado por quienes debería arbitrar
Los últimos tres procesos electorales han dejado al descubierto fallas estructurales que ya no pueden atribuirse a errores técnicos ni a la mala suerte. El problema es de diseño. Los partidos políticos ejercen un control casi absoluto sobre los órganos que deberían garantizar elecciones limpias: los integran por cuotas, los administran según sus intereses y los utilizan como terreno de negociación.
Cuando el árbitro responde a los jugadores, el resultado siempre queda bajo sospecha, y los hondureños lo saben. En una encuesta nacional de octubre de 2025, tres de cada cuatro hondureños dijeron tener poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral. Esa desconfianza no nació de la nada: es el resultado acumulado de años en que los cálculos partidarios se impusieron sobre el interés de la ciudadanía, de autoridades electorales enfrascadas en pleitos internos y de narrativas de fraude usadas como herramienta política.
El costo va más allá de una elección. Según el Latinobarómetro 2024, apenas el 36% de los hondureños respalda la democracia, y la indiferencia hacia el tipo de régimen alcanza el 43%, la más alta de América Latina. Solo el 18% está satisfecho con cómo funciona la democracia, y un 61% aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas del país. Cada maniobra calculadora de la clase política no solo afecta un proceso electoral; le resta a la democracia el apoyo de su propia gente.
Lo que vimos en el último proceso
En la elección más reciente, los intentos de manipular el voto y de desalentar la voluntad de la ciudadanía de salir a votar fueron evidentes. Pero también lo fue la respuesta. Miles de hondureños se movilizaron para defender la democracia, la paz y la tranquilidad del país. La ciudadanía, organizada a través de diversas organizaciones de sociedad civil, salió al frente.
Ese es un dato que no debe olvidarse: cuando el sistema estuvo en riesgo, no fueron los partidos quienes corrigieron el rumbo. Fue la gente.
Por qué la sociedad civil tiene voz legítima
A quienes hoy cuestionan nuestro derecho a proponer, conviene recordarles tres cosas.
Primero, la trayectoria. Desde el retorno a la democracia, la sociedad civil hondureña ha sido contrapeso, vigilante y defensora de las instituciones. No llegamos a este debate por oportunismo; llevamos décadas en él.
Segundo, la ausencia de conflicto de interés. Los partidos políticos son jueces y parte cuando se trata de reformar las reglas con las que compiten por el poder. La sociedad civil no disputa cargos ni presupuestos electorales. Nuestro único interés es que el voto de cada ciudadano cuente y se respete.
Tercero, la representación. Las organizaciones de sociedad civil canalizan la voz de millones de hondureños que votan, pero que no tienen asiento en los espacios donde se deciden las reglas del juego.
Por eso, la sociedad civil no solo tiene derecho a proponer. Debe tener una voz fuerte y decisiva en las reformas electorales. Pretender que los mismos actores que capturaron el sistema sean los únicos autorizados para reformarlo es pedirle a la ciudadanía que confíe, una vez más, en quienes ya le fallaron.
Qué proponemos
Las 87 reformas presentadas no son un listado de buenas intenciones. Entre ellas destacan dos que atacan directamente el origen del problema.
La primera es despolitizar y tecnificar la autoridad electoral. Los órganos encargados de organizar y juzgar las elecciones deben estar integrados por perfiles técnicos, independientes y seleccionados por mérito, no por cuotas partidarias. Costa Rica lo demuestra: su Tribunal Supremo de Elecciones, cuyos magistrados no son designados por el Congreso, goza de una independencia tal que se le considera un cuarto poder del Estado, y es una de las razones por las que los costarricenses confían en sus resultados. Una autoridad electoral que no le debe su cargo a ningún partido es la única que puede garantizar elecciones creíbles para todos.
La segunda es la ciudadanización de las mesas electorales. Hoy, las mesas donde se recibe y cuenta el voto están en manos de representantes de los partidos, lo que abre la puerta a la compra y venta de credenciales, a la alteración de actas y a la desconfianza en cada resultado. Proponemos que sean ciudadanos seleccionados y capacitados quienes custodien el voto de sus vecinos. México lo hace desde hace décadas: quienes atienden las casillas son ciudadanos elegidos por sorteo, no militantes, y esa práctica ha sido clave para blindar el conteo.
No es casualidad que estas sean precisamente las propuestas que más resistencia han generado. Ambas le quitan a los partidos el control sobre el árbitro y sobre el conteo. La intensidad del rechazo revela qué intereses se están tocando.
Las reformas tienen que darse
El Congreso Nacional tiene frente a sí una oportunidad que no debe desperdiciar. Las reformas electorales no son opcionales: sí o sí tienen que darse, y el paquete de la sociedad civil debe tratarse como un insumo serio para esa discusión, no como un estorbo.
Y a la ciudadanía le corresponde recordar que la defensa de la democracia no terminó el día de la elección. Si los políticos han contribuido a su deterioro, rescatar el apoyo a la democracia será, sobre todo, trabajo ciudadano: vigilar, proponer, exigir y participar. Continúa en cada debate, en cada votación legislativa y en cada intento de volver a poner las reglas al servicio de unos pocos. La democracia hondureña no se reforma sin su gente, y tampoco se rescata sin ella.
