Las protestas no nacen de la nada. Antes de que una multitud ocupe una calle, suele haber años de reclamos desatendidos, promesas incumplidas y ciudadanos que han esperado demasiado.
La nueva oleada de protestas en Europa invita a reflexionar. La educación, la vivienda y la incertidumbre sobre el futuro están movilizando a jóvenes y familias que sienten que las oportunidades se les escapan.
En una entrevista con BBC Mundo, la politóloga Yanina Welp distingue entre el detonante de una protesta y las condiciones que la hacen posible. Un desalojo, una decisión presupuestaria o un hecho de corrupción pueden encender la mecha. Pero el malestar viene de antes.
Esa distinción nos obliga a mirar a Honduras con honestidad. Aquí, para cientos de miles de personas, el Estado de bienestar nunca llegó a existir. Hay familias para las que una escuela que funcione y un centro de salud con medicinas siguen siendo una aspiración.
¿Cuánto tiempo más podemos pedirles que esperen?
Honduras ya conoce ese camino
En 2015, las Marchas de las Antorchas movilizaron a miles de hondureños indignados por la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Detrás del dinero desviado había pacientes sin medicamentos, tratamientos interrumpidos y familias que habían perdido a los suyos. La indignación tenía nombres y rostros.
En 2017, las protestas contra la reelección y la crisis poselectoral volvieron a llenar las calles. El país pagó un costo alto en vidas, polarización y confianza institucional.
Fueron episodios distintos, pero dejaron una lección común: cuando las instituciones dejan de escuchar y de responder, el malestar encuentra otras formas de expresarse.
Por eso me preocupa que sigamos viendo la exclusión educativa y la crisis sanitaria como problemas que pueden esperar. En ambos sectores se está acumulando una deuda con la ciudadanía. Y quienes más la sufren tienen menos recursos para hacerse escuchar.
La escuela que estamos dejando vacía
El panorama educativo es contundente: la cobertura escolar apenas alcanza el 63 %. Esto significa que cerca de cuatro de cada diez menores en edad escolar están fuera del sistema educativo. Como país, estamos dejando a una parte de nuestra niñez y juventud sin las herramientas para construir su futuro. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo si ni siquiera logramos que estén en las aulas?
Conviene detenerse en lo que eso significa. Un niño fuera de la escuela pierde aprendizaje, convivencia y protección. Un adolescente que abandona el colegio enfrenta mayores obstáculos para conseguir un empleo digno y queda más expuesto al trabajo precario, la migración irregular y la violencia.
No todos recorrerán el mismo camino. Pero a todos les estamos reduciendo las oportunidades.
El informe de ASJ Planillas en desorden muestra, además, una contradicción difícil de justificar: entre 2022 y 2026, los centros educativos públicos perdieron 87,134 estudiantes, mientras la Secretaría de Educación incorporó 4,191 empleados.
El problema exige mirar dónde está cada persona y qué función cumple. Un promedio nacional de alumnos por docente puede ocultar escuelas sin maestros y oficinas con plazas que deberían estar en las aulas. Antes de autorizar nuevas contrataciones, corresponde verificar quién está enseñando, dónde hace falta personal y qué puestos responden a una necesidad real.
En 2025, 85 de cada 100 lempiras del presupuesto de Educación se destinaron a salarios. Con esa distribución, administrar bien las plazas es una decisión central para que los recursos lleguen a los estudiantes.
Los buenos docentes merecen respaldo, condiciones dignas y una gestión que valore su trabajo. Precisamente por eso, no podemos permitir que el desorden y el uso político de las plazas sigan debilitando la educación pública.
La pregunta que debemos hacer es sencilla: ¿cómo puede crecer la planilla mientras tantos niños siguen fuera de la escuela?
El paciente que sigue esperando
En salud, la exclusión se vive en la distancia hasta un centro asistencial, en el medicamento que una familia debe comprar y en la cirugía que vuelve a posponerse.
Para quien tiene recursos, una falla del sistema público puede resolverse pagando una consulta privada. Para quien vive al día, puede significar vender algo, endeudarse o quedarse sin atención.
La desigualdad también se mide en el tiempo que una persona debe esperar para aliviar su dolor.
Las brechas de vacunación y las muertes por enfermedades prevenibles nos recuerdan la urgencia de fortalecer la prevención. Cada caso exige preguntarnos si la información llegó a tiempo, si la vacuna estuvo disponible y si los servicios alcanzaron a las familias más vulnerables.
El reciente conflicto entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud mostró otra dimensión del problema. Después de casi 50 días de asambleas informativas, miles de pacientes quedaron con consultas y procedimientos pendientes.
Detrás de cada cita postergada hay alguien que hizo un esfuerzo para llegar: consiguió transporte, pidió permiso en el trabajo, buscó quién cuidara a sus hijos y, en ocasiones, gastó lo poco que tenía.
Los trabajadores tienen derecho a recibir su salario puntualmente. Los pacientes tienen derecho a recibir atención. Al Estado le corresponde organizar el sistema para garantizar ambos derechos y resolver los conflictos antes de que el costo recaiga sobre los enfermos.
No podemos acostumbrarnos a que una planilla desordenada termine decidiendo cuándo se atiende a una persona.
El futuro se está decidiendo ahora
Pensemos en Honduras en 2030. Los adolescentes que hoy están fuera del colegio serán adultos jóvenes buscando trabajo, formando familias y tratando de construir una vida.
Muchos conocerán, a través de su teléfono, oportunidades que su propio país no les ofrece. Estarán más conectados, pero podrían seguir excluidos de una educación de calidad, de atención médica y de un empleo digno.
No podemos dar por inevitable un estallido social. Tampoco sería responsable ignorar el malestar que produce esa distancia entre lo que una persona espera y lo que las instituciones le permiten alcanzar.
La estabilidad democrática necesita elecciones y respeto a la ley. También necesita que la ciudadanía encuentre respuestas a sus necesidades más básicas. La confianza se construye cuando la escuela abre, el maestro llega, la medicina está disponible y el paciente recibe atención.
Podemos llegar a 2030 con más jóvenes estudiando y más comunidades atendidas. Ese futuro se empieza a construir con las decisiones que tomemos hoy.
Cuatro compromisos que no deberían esperar
Propongo cuatro compromisos concretos:
1. Recuperar la cobertura educativa. Acordar metas multianuales y públicas por municipio para reincorporar a los niños y adolescentes fuera del sistema, con especial atención a la educación media. Redistribuir a los docentes según las necesidades reales y justificar cada nueva plaza.
2. Un pacto nacional por la salud. Construir un acuerdo amplio y sostenido que priorice la atención primaria, amplíe la cobertura y mejore la salud de la población, especialmente en las comunidades más excluidas. Con metas públicas y verificables, debe fortalecer la prevención, garantizar medicamentos y atención oportuna, y ordenar la gestión del personal. Un pacto cuyo cumplimiento se mida en menos enfermedades, menos muertes evitables y más familias atendidas.
3. Medir lo que el gasto logra. Publicar resultados verificables: cuántos estudiantes regresan y permanecen en la escuela, qué están aprendiendo, cuánto esperan los pacientes y cuántas comunidades reciben atención. Ejecutar el presupuesto es una responsabilidad; demostrar que mejora la vida de las personas también lo es.
4. Abrir las cuentas al escrutinio público. Publicar presupuestos, compras y planillas en formatos que permitan verificar el uso de los recursos. En Educación, debemos saber dónde trabaja cada persona y qué función desempeña. La transparencia debe servir para corregir y, cuando corresponda, exigir responsabilidades.
Al Ejecutivo le corresponde gestionar y rendir cuentas. Al Congreso Nacional, aprobar presupuestos responsables y ejercer control. A la cooperación internacional, acompañar con exigencia. Y a la ciudadanía, vigilar, participar y reclamar resultados.
La protesta pacífica es un derecho. Escuchar sus demandas y atender sus causas es una obligación democrática. Una autoridad que solo presta atención cuando la calle se llena ya ha llegado tarde.
A quienes tenemos responsabilidades públicas, institucionales o sociales nos corresponde una pregunta incómoda: ¿estamos haciendo lo suficiente para que la paciencia de la gente encuentre respuestas?
Las antorchas de 2015 nos recordaron el costo humano de la corrupción. No esperemos a que otra generación tenga que salir a la calle para exigir la escuela y el hospital que debió tener desde el principio.
