Esta semana me costó decidir sobre qué escribir. No por falta de temas, sino por exceso. Dos noticias me rondaron la cabeza durante días y, aunque parecen lejanas entre sí, terminaron contándome la misma historia.
La primera llegó del norte. En las elecciones intermedias del 3 de noviembre, los estadounidenses acudieron a votar en cifras récord: más de 61,7 millones de votos se emitieron incluso antes del día de la elección. Más allá de quién ganó, lo que me conmovió fue la escena de fondo. En un mundo convulsionado, con democracias cada vez más frágiles, millones de ciudadanos decidieron que su voto todavía cuenta y lo usaron para redistribuir el poder. Es un recordatorio de que los contrapesos no viven solo en las constituciones; viven también en la gente que sale a votar.
La segunda noticia es nuestra, y es menos alentadora. Tiene que ver con la integridad de quienes ocupan cargos públicos en Honduras, con esa distancia, a veces abismal, entre lo que se predica en campaña y lo que se decide en el hemiciclo. Si allá la ciudadanía demostró que puede corregir el rumbo, aquí seguimos viendo cómo algunos representantes acomodan sus principios según la mesa de negociación del momento.
Y en los últimos días tuvimos un ejemplo de manual.
En Honduras hemos descubierto una nueva forma de indulgencia. Ya no hace falta confesarse ni hacer penitencia: basta con que cambie el aliado. Lo que ayer era indigno de un cargo público y fuertemente cuestionado hoy merece la máxima condecoración del Congreso Nacional.
Y con dispensa de dos debates, por supuesto. Porque hay convicciones que no aguantan tres lecturas, y conviene aprobarlas antes de que alguien recuerde lo que se dijo hace apenas unos meses.
La escena tiene algo de teatro clásico. Hace poco, ciertos actores políticos se rasgaban las vestiduras en público: recordaban, con razón, que el homenajeado de hoy cumplió condena en Estados Unidos y lo vituperaban como indigno de ocupar un cargo publico, decían en nombre de la decencia, de la juventud, y del país que merecemos.
Hoy esas mismas voces proponen honrarlo con la distinción más alta que otorga el Poder Legislativo. Nadie ha explicado qué cambió. No hay una nueva sentencia, ni una revelación, ni un acto heroico reciente. Lo único que parece haber cambiado es la conveniencia.
La ironía se vuelve más fina cuando se mira el propio patio. Quienes exigían pureza ajena cargan con una multa de la Unidad de Política Limpia por el uso incorrecto de al menos 72 millones de lempiras en una campaña reciente. Una cifra sobre la que la ciudadanía merece explicaciones claras.
No se trata de comparar faltas para ver cuál pesa más. Se trata de algo más sencillo: quien se presenta como guardián de la ética debería empezar por rendir cuentas de sus propias finanzas. Pero en nuestra política la vara de medir suele ser elástica, y se estira o se encoge según quién esté del otro lado.
Uno podría pensar que se trata de un arrepentimiento sincero, de una reconciliación madura. Ojalá. Pero la experiencia enseña que, cuando los principios cambian de un día para otro, rara vez es por una revelación moral. Suele haber algo en la mesa: un voto que se necesita, un apoyo que se busca, un expediente que se quiere suavizar.
Así funciona el cinismo político. Los valores se proclaman en campaña y se negocian en el pasillo. La decencia se vuelve un recurso retórico, útil para atacar al adversario y prescindible cuando el adversario se convierte en socio. Y las condecoraciones, que deberían reconocer méritos excepcionales, terminan funcionando como moneda de cambio.
El problema no es solo de quienes protagonizan el episodio. El costo lo pagamos todos. Cada vez que el Congreso usa sus honores como ficha de negociación, le confirma a la ciudadanía lo que ya sospecha: que en la política hondureña las palabras no comprometen y la memoria tiene fecha de vencimiento.
Por eso la escena del norte importa. Allá, millones de votantes recordaron que la memoria corta de los políticos se corrige con la memoria larga de los ciudadanos. Ese es el antídoto que nos toca construir aquí: una ciudadanía que lleve la cuenta y la cobre en las urnas.
Un país que aspira a combatir la corrupción necesita instituciones que distingan entre el mérito y la conveniencia. Necesita representantes cuyas convicciones resistan algo más que una legislatura. Mientras tanto, quizás convenga crear una nueva categoría de condecoración: la Orden de la Memoria Corta, en grado de Gran Cruz, con dispensa de debates incluida. Candidatos, me temo, no le faltarían.
