|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Esta semana, mientras el país discutía el paro de médicos, una fila mucho más larga y mucho más silenciosa siguió esperando en la sombra: mas de 10,000 hondureños que hoy aguardan una cirugía en el sistema público. Uno de cada tres lleva esperando desde 2024 o antes. Más de la mitad ya superó el límite de tres meses que organismos internacionales consideran una espera inaceptable. No son una cifra. Son madres, hombres, niños, ancianos que se apagan poco a poco en una lista que el Estado no logra —o no quiere— vaciar.
Esa es la pregunta que esta semana casi nadie hizo en voz alta: ¿quién defiende a esas personas? Porque los médicos tienen un gremio, una directiva, un pliego de exigencias y la capacidad de parar el país hasta que se les escuche. El paciente pobre que espera una cirugía no tiene nada de eso. No hay Colegio de Pacientes Pobres. No hay asamblea informativa para el campesino de la Mosquitia que viajó ocho horas y encontró la consulta cerrada. No hay pliego de peticiones para la madre que llora en un pasillo de hospital porque a su hijo, otra vez, le «reprogramaron» la cirugía.
El derecho que nadie exige en la calle
No hay que confundir esto: el reclamo salarial de los médicos es legítimo, y ocho meses sin cobrar es una injusticia que el Estado debe resolver. Pero ese derecho, al menos, tiene quien lo defienda. El derecho a la salud de los más pobres, consagrado en la misma Constitución, no tiene defensor. Se viola todos los días, en silencio, sin paros ni titulares: mas de 10,000 pacientes en espera de operación, listas que crecen casi al mismo ritmo en que el gobierno logra vaciarlas, un plan de choque con hospitales privados que, en el mejor de los meses, resuelve apenas una fracción de lo que se acumula.
Esta semana esa herida se abrió más. Con la consulta externa suspendida y solo las emergencias funcionando, miles de hondureños, los que no tienen seguro privado, ni carro para llegar a otra ciudad, ni dinero para una clínica se quedaron sin nada. Ellos no eligieron parar. Simplemente no fueron atendidos.
¿Quién es el responsable?
Aquí está la pregunta que Honduras debe hacerse sin rodeos: ¿quién responde por el hondureño que muere porque no llegó a tiempo la atención que necesitaba? ¿El médico que con razón dejó de atender por no cobrar su salario? ¿El gobierno que encuentra 26 millones de lempiras para pagar cirugías en clínicas privadas, pero no encuentra la voluntad política para pagar a tiempo la planilla que habría evitado el paro? ¿El Congreso que aprueba presupuestos de salud que nunca alcanzan el 6% que la OMS recomienda?
La respuesta cómoda es repartir la culpa entre todos y no responsabilizar a nadie. Pero un Estado que puede encontrar dinero para tercerizar cirugías cuando el sistema colapsa no puede alegar, al mismo tiempo, que no tiene con qué pagarle a tiempo a sus médicos. Esa es una decisión política, no una fatalidad. Y las decisiones políticas tienen responsables.
Los pobres no tienen quien les pare el país
Al final, el peso de esta crisis como casi siempre en Honduras cae sobre quienes menos tienen. El médico que hoy exige su salario probablemente lo cobre, tarde o temprano, después de una negociación. El paciente pobre que hoy no fue operado quizás no tenga ese «tarde o temprano». Quizás no llegue al próximo mes de espera.
Por eso esta columna no busca poner a los médicos contra los pacientes: ambos son víctimas del mismo abandono estructural. Pero si de un lado hay un gremio que puede exigir y presionar, y del otro hay miles de hondureños pobres que solo pueden esperar y, muchas veces, morir esperando, entonces la pregunta urgente no es únicamente cuándo se les pagará a los médicos. Es quién, en este país, está dispuesto a defender con la misma fuerza el derecho a la salud de los que no tienen voz. Mientras esa respuesta no aparezca, seguiremos contando, en silencio, cuántos hondureños pobres pagaron con su vida el precio de un sistema que nunca los puso primero.
