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• La publicación de informes del proyecto contribuyó a una declaratoria de emergencia ambiental, la aprobación de la Estrategia Cero Deforestación al 2029 y reformas al Código Penal por delitos ambientales.
• Solo cinco de 18 acciones oficiales de la Estrategia Cero Deforestación habían sido implementadas, según evaluación ciudadana de ASJ.

Tegucigalpa. A través de la investigación, la vigilancia ciudadana y la incidencia pública, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha venido demandando en los últimos años respuestas gubernamentales urgentes frente a la crisis climática, contribuyendo a visibilizar la problemática de la deforestación, los delitos ambientales y los riesgos que enfrentan comunidades indígenas, rurales y costeras ante los efectos adversos del cambio climático, posicionando la temática en la agenda nacional y alertando sobre los principales desafíos del sector.

Por medio del proyecto de Gobernanza Climática, financiado por Transparencia Internacional y Waverley Street Foundation, ASJ impulsó acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión climática del Estado hondureño, con énfasis en la protección de poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad.

Entre los resultados más relevantes del proyecto destaca la publicación del informe Estado de País: Cambio Climático, el cual contribuyó a posicionar la crisis climática como un problema de gobernanza y seguridad nacional. Tras su difusión, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del gobierno anterior declaró una emergencia ambiental, se aprobó la Estrategia Cero Deforestación al 2029 y el Congreso Nacional reformó el Código Penal para endurecer sanciones por delitos ambientales.

Asimismo, el informe Gobernanza Climática y Corrupción en Honduras 2024 documentó fallas estructurales del Estado, como la fragmentación institucional, la debilidad regulatoria y la ausencia de una visión de largo plazo, con impactos desproporcionados sobre comunidades indígenas, rurales y costeras.

Como parte del seguimiento a los compromisos estatales, ASJ realizó una evaluación ciudadana de la Estrategia Cero Deforestación, evidenciando brechas entre los anuncios oficiales y su implementación. El análisis reveló que solo cinco de 18 acciones habían sido ejecutadas. Además de señalar las fallas, ASJ recomendó fortalecer la coordinación interinstitucional, establecer metas verificables con cronogramas públicos y garantizar mecanismos de monitoreo independiente. Este ejercicio generó respuestas públicas de instituciones responsables y colocó el tema en el debate nacional.

El proyecto también desarrolló acciones de incidencia legislativa y técnica que permitieron frenar retrocesos ambientales. Mediante análisis especializados, reuniones con diputados y comparecencias ante el Congreso Nacional, se logró detener temporalmente una iniciativa de licencias ambientales exprés que reducía controles ambientales. Asimismo, ASJ realizó incidencia y análisis público frente al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, alertando sobre sus graves implicaciones ambientales, económicas y sociales. El estudio evidenció riesgos irreversibles para el único parque oceánico protegido del país y cuestionó la coherencia de las políticas públicas en materia climática.

Otro eje del proyecto fue la investigación sobre la situación de las personas defensoras del ambiente, la cual expuso las debilidades del Mecanismo Nacional de Protección y evidenció la necesidad de garantizar seguridad y justicia como parte de una acción climática efectiva.

A nivel territorial, se elaboraron estudios de caso sobre acaparamiento de tierras, expansión de la palma africana, minería y deforestación, socializados con comunidades garífunas e indígenas para fortalecer la defensa de derechos comunitarios.

Con estos resultados, ASJ reafirma su compromiso de continuar impulsando una gobernanza climática basada en evidencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Actualmente, la organización continúa trabajando en esta línea a través de la iniciativa Guardianes Silenciados, que documenta patrones de riesgo, impunidad y fallas estatales en casos de asesinatos de líderes ambientales. Esta iniciativa no solo analiza casos emblemáticos, sino que también promueve herramientas de información, denuncia y exigencia de justicia para comunidades y defensores, buscando que la acción climática incluya la protección efectiva de quienes defienden el territorio.