• ASJ participa en proyecto regional para visibilizar el impacto de la corrupción en la vida de las mujeres y personas LGBTIQA+.

Tegucigalpa. La corrupción golpea con mayor severidad a quienes ya están marginados o se encuentran en una situación desfavorable, agrava las injusticias históricas y perpetúa los ciclos de exclusión y opresión en minorías de género, étnicas, raciales, personas que viven en la pobreza y las mujeres.

Pese a avances registrados en los últimos años y la relevancia de las mujeres en la vida política, social y cultural de las naciones, todavía persisten grandes deudas en la garantía de los derechos de las mujeres; incluso, se han producido retrocesos en espacios institucionales de toma de decisiones, lo que se ha reflejado en la violación de derechos fundamentales, en violencia política y en reducciones presupuestarias, entre otras.

En 2021, Transparencia Internacional (TI) divulgó un estudio sobre vínculo entre la agenda de género y la agenda anticorrupción en el informe “Género y anticorrupción en América Latina y el Caribe: Buenas prácticas y oportunidades”. El documento plantea cómo la corrupción afecta a las mujeres, cómo prevenir y detectar la corrupción que las afecta de manera desproporcionada y brindarles justicia a aquellas que han sufrido abusos de corrupción.

Los análisis muestran que las principales barreras que enfrentan las mujeres para denunciar corrupción son la falta de recursos económicos, el pobre apoyo institucional, especialmente del sistema de justicia que no facilita los procesos. En algunos casos, se indicó que las mujeres tienen barreras para denunciar violencia contra la mujer, siendo mucho más difícil que las mujeres denuncien actos de corrupción.

Honduras es muestra de un sistema desigual para las mujeres:

• Cada 27 horas con 33 minutos muere una mujer de forma violenta en Honduras.
• La tasa de impunidad por violencia sexual es de 96%, mientras que por muerte violenta de mujeres es de 90%.
• El tiempo promedio entre las audiencias por violencia doméstica que se llevan a cabo en los juzgados es de41 días y según la Ley contra la Violencia Doméstica debería ser dentro de las 24 horas siguientes.
• El 28% de la ciudadanía hondureña fue víctima de extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esa situación.
• Honduras registró 800,707 emigrantes en 2019, de los cuales 58.94% son mujeres.
• 35.6% de las hondureñas tienen intención de migrar durante los próximos tres años.

Como respuesta, ASJ trabaja, a través de diferentes programas, en temas como: análisis criminal en homicidios y abuso sexual infantil; diseño y elaboración de protocolos, monitoreo del desempeño que contribuyen a la mejora en la atención y efectividad en la persecución del delito y acceso a la justicia; apoyo psicológico y atención a víctimas; promoción de la participación política de la mujer y promoción de la transparencia y rendición de cuentas.

A partir de 2022, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional se sumará además al proyecto Géneros y Corrupción en América Latina: urgencias y oportunidades para la articulación de agendas desde la sociedad civil, Fase 2, que busca continuar con el trabajo realizado en la Fase 1, fortaleciendo la articulación del activismo anticorrupción y el activismo de géneros -organizaciones y movimientos de mujeres y comunidades LGBTIQA+- en América Latina y el Caribe.

En su primera fase, el proyecto agrupó a 31 organizaciones participando del consorcio en Argentina, Ecuador, Guatemala y Perú,publicó dos informes diagnósticos de situación de mujeres y diversidades frente a la corrupción sistémica y cuatro informes de país con recomendaciones nacionales de política pública anticorrupción con perspectiva de género y diversidad.

La segunda fase propone ampliar la red de organizaciones sumando articulaciones en Bolivia, Chile, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

Mediante una perspectiva de género y diversidad con enfoque interseccional, la segunda fase del proyecto abordará: el impacto de la corrupción en las vidas de las mujeres y personas LGBTIQA+; un análisis de programas y políticas públicas de anticorrupción con perspectiva de género y diversidad; conocimiento de derechos y acceso a información y justicia.

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