En América Latina, las acusaciones de corrupción no siempre impiden ganar una elección. El Informe Latinobarómetro 2026 señala a Panamá, Perú y Honduras como ejemplos. Pero hay que ser precisos: una acusación no equivale a una condena, y el respaldo en las urnas tampoco demuestra inocencia. Lo que estos casos ponen sobre la mesa es una pregunta incómoda: ¿por qué los señalamientos de corrupción no siempre tienen consecuencias electorales?
La primera reacción sería culpar al votante. Creo que sería un error. Antes de hacerlo, debemos preguntarnos qué respuesta le han dado las instituciones cuando se denuncia el abuso del poder.
Más de veinte años de avances insuficientes
Desde 2004, Latinobarómetro mide cuánto cree la ciudadanía que se ha avanzado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado durante los dos años anteriores a cada encuesta. En la medición más reciente, el 34% de los latinoamericanos percibe mucho o algo de progreso. En Honduras, el 32%. Son percepciones ciudadanas, no una medición directa de cuántos actos de corrupción se cometen o se castigan.
Con altibajos, el promedio regional se ha mantenido alrededor de un tercio de la población. Muchos presidentes han declarado la guerra a la corrupción, pero las promesas no han producido una mejora sostenida en la percepción ciudadana. Después de más de veinte años, seguimos teniendo una enorme deuda con la gente.
Por qué las denuncias no siempre cuestan votos
El informe plantea una explicación: la desconfianza. Apenas el 15% de los latinoamericanos expresa confianza en las demás personas. En ese ambiente, una denuncia puede ser recibida como un ataque del adversario, incluso cuando merece ser investigada. Si todos acusan a todos y las instituciones no esclarecen los hechos, al ciudadano le resulta cada vez más difícil distinguir una denuncia fundada de una maniobra política.
En Honduras, apenas el 12% confía mucho o algo en los partidos políticos; el 24%, en el Congreso, y otro 24%, en el Poder Judicial. Además, solo el 20% se declara muy o más bien satisfecho con el funcionamiento del sistema judicial. Son indicadores distintos, pero muestran una debilidad que no podemos ignorar.
Aquí está, a mi juicio, el fondo del problema. Cuando una denuncia queda sin una investigación seria y una resolución debidamente fundamentada, la ciudadanía sigue esperando respuestas. Una sentencia condenatoria debe demostrar la responsabilidad; una absolución debe respetarse. Lo que destruye la confianza es una justicia que actúa según el poder del acusado o que deja los casos suspendidos indefinidamente.
El voto pragmático
Latinobarómetro interpreta los cambios electorales recientes como una expresión de pragmatismo: muchos ciudadanos buscan gobiernos que respondan a sus problemas, más allá de las etiquetas ideológicas. Eso no significa que la integridad haya dejado de importar a todos los votantes. Significa que, cuando las instituciones pierden credibilidad, las promesas de resultados pueden pesar más que los señalamientos.
Ese pragmatismo tiene un riesgo. En Honduras, el 69% está de acuerdo con que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resuelve los problemas. Es el segundo porcentaje más alto entre los países medidos. A ello se suma que el 75% no confía en que el Estado gaste bien el dinero de sus impuestos.
El Salvador presenta el mayor porcentaje de ciudadanos que percibe avances contra la corrupción: el 73%. Al mismo tiempo, el informe lo clasifica como un régimen no democrático. Esa coincidencia no demuestra que el autoritarismo reduzca la corrupción. Para nosotros debería ser una advertencia: si la democracia no responde, aumenta el riesgo de que la gente acepte soluciones que debiliten sus derechos. No podemos obligar al ciudadano a escoger entre instituciones que no funcionan y un poder sin controles.
La justicia tiene que responder
Estos datos no permiten afirmar que los hondureños toleren la corrupción. Sí nos obligan a revisar cuánto hemos esperado de las urnas y cuánto hemos dejado de exigir a las instituciones. El ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad de evaluar la integridad de sus candidatos. Pero investigar delitos, demostrar responsabilidades y aplicar sanciones corresponde a las autoridades competentes.
Si la corrupción no siempre cuesta votos, debe tener consecuencias en los tribunales cuando se comprueba. Necesitamos un Ministerio Público con capacidad e independencia para investigar a cualquiera y jueces cuya carrera dependa del mérito, no de favores políticos. De ahí la importancia de un Consejo de la Judicatura con garantías efectivas de independencia y transparencia. También necesitamos contrataciones públicas abiertas al escrutinio y controles sobre el financiamiento y el uso de tecnologías digitales en las campañas, una preocupación que recoge el informe.
Una resolución fundamentada, emitida con independencia y respeto al debido proceso, puede recuperar confianza. Un expediente cerrado sin explicaciones suficientes la erosiona. No basta con anunciar investigaciones: hay que esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y recuperar los recursos públicos cuando corresponda.
El apoyo a la democracia en Honduras alcanza el 42%, frente al 36% de 2024: un aumento de seis puntos porcentuales. Es una oportunidad que debemos tomar en serio. La gente necesita comprobar que la democracia puede hacer justicia y proteger el dinero público. Si la corrupción sigue sin consecuencias, el descrédito no recaerá solo sobre quienes abusan del poder; también seguirá debilitando a la democracia. No podemos permitir que la impunidad decida nuestro futuro.
