En 2021, el 40% de la población hondureña en edad escolar fue excluida del sistema de educación prebásica, básica y media, y en lo que va de 2022, alrededor de 54,500 habrían abandonado el sistema.
En 2018, 70% de los estudiantes hondureños no lograba el estándar internacional mínimo en lectura y 85% no lo alcanzó en matemáticas. Los estudiantes que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los estudiantes de escuelas privadas, lo que equivale a casi dos años de escolaridad y, en comparación con el promedio latinoamericano, los jóvenes hondureños muestran entre dos y tres años de atraso en lectura, matemáticas y ciencia, situación agudizada con el cierre de centros educativos a raíz de la pandemia de covid-19.
Bajo este panorama, la convocatoria al concurso para plazas docentes y direcciones departamentales de Educación debe enfocarse en la selección de los mejores profesionales para garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños. En tal sentido, nos pronunciamos en los siguientes términos:
- Actualmente no existen las condiciones mínimas que garanticen un proceso de calidad, por lo que instamos a las autoridades de la Secretaría de Educación a posponer la fecha de realización de concurso y aprovechar el tiempo para construir un proceso más confiable, transparente, de mejor calidad y prometedor para los educandos y docentes.
- El objetivo primordial del concurso debe ser seleccionar, con objetividad y rigor, a los docentes que cumplan con los requisitos y ocupen los primeros lugares en las evaluaciones, bajo un proceso justo y equitativo, con igualdad de condiciones para todos los aspirantes y sin injerencias políticas.
- Las evaluaciones deben regirse por normas claras y procesos transparentes, ampliamente difundidos, de manera que los resultados no estén sujetos a discrecionalidad de quienes conforman la Junta de Selección y otorguen garantías legales sin entrar en conflicto con regulaciones aún no derogadas.
- Permitir la participación de maestros de educación media representa un retroceso en los estándares educativos con relación a las exigencias internacionales, por ello es necesario mantener como requisito que los postulantes cuenten con el nivel de licenciatura.
- Además de representantes de las organizaciones magisteriales, las juntas de selección deben incluir a miembros de las asociaciones de padres de familia y sociedad civil.
- El proceso debe ser diseñado contemplando tiempos requeridos para cada una de las etapas, incluyendo la depuración de las plazas, para que los docentes seleccionados sean asignados de acuerdo a las necesidades por zonas geográficas, cantidad de alumnos y centros educativos.
- Para evitar poner en riesgo la asignación de 14 mil plazas y limitar a los estudiantes de contar con docentes mejor capacitados y con mayor competencia, se recomienda la contratación de un ente externo con capacidad y competencia para la elaboración de las pruebas, en lugar de delegar su elaboración, aplicación y revisión en cada dirección departamental. Esto aportará objetividad, confiabilidad, imparcialidad y validez a los instrumentos utilizados y a las determinaciones adoptadas.
- La presencia de organizaciones de sociedad civil, academia, instituciones de transparencia y Derechos Humanos, a través de una veeduría, será clave para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas
durante el desarrollo del proceso en sus diferentes etapas, desde la inscripción, redacción de pruebas, revisión de instrumentos de calificación de méritos, impresión, aplicación, calificación, reclamos sobre las pruebas y nombramiento de los docentes seleccionados. - Cualquier manipulación del concurso y desviación del objetivo principal de garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños restará justicia, validez, objetividad y confiabilidad al proceso y a la institucionalidad, y sería considerada un fracaso para el sistema educativo.
- La sociedad hondureña debe mantenerse alerta durante el proceso, denunciando cualquier irregularidad o práctica ilegal, como venta de exámenes o plazas, tráfico de influencias o extorsión sexual, que vulnere los derechos de los participantes y, en consecuencia, el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños.
- Desde la sociedad civil, durante más de 20 años hemos abogado por el respeto al derecho de las niñas y niños a una educación de calidad, señalando desaciertos y aciertos, ofreciendo apoyo constante y propuestas de fortalecimiento del sistema a las autoridades educativas
- Continuaremos trabajando para que la problemática se sitúe en primer plano de la agenda social y gubernamental, y reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando con las autoridades educativas en favor de más de tres millones de estudiantes que merecen un mejor futuro.
Tegucigalpa, M.D.C.; 01 de agosto de 2022
