En mi escrito de la semana pasada advertía que la concentración de poder rara vez es casualidad: es una estrategia, y suele avanzar donde no encuentra resistencia. Esta semana Costa Rica mostró qué pasa cuando sí la encuentra.
El jueves pasado, miles de costarricenses llenaron la Plaza de la Democracia en San José. No los convocó un partido ni un sindicato en particular: los convocó una idea. Estudiantes universitarios, gremios, dirigentes políticos de distintos signos y hasta expresidentes de la República —entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Solís, jefe de la misión electoral de OEA en Honduras el 2021— se plantaron ahí para decirle algo muy simple a su gobierno: la independencia judicial no se toca.
El detonante fue concreto. La presidenta Laura Fernández y su antecesor, Rodrigo Chaves, hoy ministro de Hacienda y de la Presidencia, acusaron de «golpistas» a los magistrados de la Sala Constitucional después de que esta resolviera prorrogar el nombramiento de magistrados suplentes ante la negativa del Congreso oficialista de votar la lista de postulados. A eso se sumó el anuncio de un recorte del 5% al presupuesto del Poder Judicial para 2027. Costa Rica respondió en la calle.
Lo notable no es solo la protesta. Es la respuesta de la propia presidenta: dijo que la manifestación demostraba que Costa Rica «es una democracia viva», que ella no había enviado policía y que eso probaba que no era ninguna dictadora. Un gobierno con vocación verdaderamente autoritaria no suele presumir la protesta en su contra; la reprime, la ignora o la criminaliza. Que Fernández haya optado por capitalizarla políticamente dice mucho de la fortaleza institucional que todavía protege a Costa Rica de sí misma, incluso cuando sus propios gobernantes empujan los límites.
La pregunta que nos toca
Y aquí es donde el ejercicio deja de ser sobre Costa Rica y empieza a ser sobre nosotros. Porque si en la democracia más sólida de la región miles de personas se movilizan ante un ataque verbal —grave, sí, pero verbal— contra la Corte, cabe preguntarse: ¿por qué en Honduras el pueblo no se manifiesta ante evidencia muchísimo más grave, sostenida durante décadas, de que el sistema de justicia no es igual para todos?
No hablamos de un exabrupto político aislado. Hablamos de un patrón medible. El 86% de los delitos contra la vida en Honduras queda impune. Somos, de forma recurrente, uno de los países con peor percepción de corrupción de América Latina.
Y no es solo un problema de delitos comunes. En el pasado reciente, la democracia hondureña estuvo genuinamente en riesgo. Es justo reconocer que, en ese momento, sí hubo una expresión ciudadana histórica: un grupo de ciudadanos, junto con las iglesias católica y evangélica se organizaron para convocar y salir a las calles en más de 52 ciudades del país para defender la democracia y la paz. Nunca antes había ocurrido algo así en Honduras, y fue, sin duda, un hito. Pero fue también la primera vez —una respuesta puntual ante un momento límite, no la expresión sostenida de contrapesos institucionales que uno esperaría ver de manera recurrente. Esa diferencia importa: en Costa Rica la plaza responde con esa misma fuerza ante amenazas mucho menores; en Honduras necesitamos que la democracia esté al borde del precipicio para que la plaza —y hasta entonces, las iglesias— se active. Y quien conoce el sistema de cerca sabe lo que las estadísticas no siempre capturan: que la velocidad y la severidad con que actúa la justicia hondureña dependen, con demasiada frecuencia, de quién está sentado al otro lado del expediente.
En Costa Rica, la ciudadanía salió a defender una institución que, aunque cuestionada por su propio gobierno, sigue funcionando con independencia razonable. En Honduras llevamos años sin esa plaza —no porque la causa sea menor, sino, me temo, porque la hemos normalizado.
Por qué no salimos?
Vale la pena nombrar algunas hipótesis, sin pretender agotarlas:
-La fatiga como anestesia. Cuando la impunidad es la norma y no la excepción, deja de generar indignación inmediata y se convierte en paisaje. Lo excepcional en Costa Rica, un ataque directo y reciente a la Corte es en Honduras, la historia de todos los días.
-La ausencia de un detonante único. Las movilizaciones necesitan un momento que cristalice el hartazgo. Costa Rica tuvo una frase, un recorte presupuestario, una fecha. Honduras tiene un deterioro crónico y disperso, sin el «golpe de Estado» concreto que obligue a nombrar el problema de una sola vez.
-La debilitación de los convocantes naturales. Universidades, sindicatos, colegios profesionales: en Costa Rica salieron en bloque. En Honduras, buena parte de esos actores han sido cooptados, fragmentados o simplemente erosionados por el mismo sistema que deberían fiscalizar.
-El costo real de manifestarse. En un país donde sobrevivir el día a día ya exige buena parte de la energía de las familias, la protesta cívica compite con necesidades más inmediatas. Eso no es apatía: es precariedad.
Lo que deberíamos aprender
No se trata de romantizar a Costa Rica ni de minimizar sus propias tensiones democráticas, que son reales y merecen seguimiento. Se trata de reconocer que ese país conserva un reflejo que a Honduras se le ha ido atrofiando: la capacidad de salir a la calle, sin que medie partido ni interés particular, únicamente para decir que la independencia judicial y la igualdad ante la ley no son negociables.
La ausencia de una plaza hondureña no es indiferencia. Es síntoma. Y reconocerlo como síntoma no como destino es el primer paso para empezar a construir, de nuevo, la costumbre cívica de defender lo que nos queda de Estado de derecho antes de que no quede nada que defender.
