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La semana pasada dije en voz alta algo que en Honduras suele decirse en voz baja: que algunos empresarios llegan a presupuestar los sobornos como quien presupuesta la electricidad o el papel. Lo dije porque un empresario me lo confesó, con la resignación de quien describe el clima. Y también porque no parece ser una anécdota aislada: testimonios similares se repiten, en privado, entre personas que conocen de cerca el funcionamiento de nuestros tribunales.
La reacción fue inmediata y en algunos casos, furiosa. Pero lo interesante no fue la furia, sino el silencio de quienes asintieron. Decenas de personas me escribieron para decir, casi siempre en privado: «Así es», «A mí me pasó», «Todos lo sabemos». Precisamente, ese es el problema.
Un país con dos discursos
Honduras vive una condición curiosa: tenemos un discurso para el micrófono y otro para la mesa de café. Frente al micrófono, la justicia es ciega, la ley es igual para todos y quien afirme lo contrario está «generalizando» o «dañando la imagen del país». En privado, en cambio, abundan las historias en las que la pregunta no es si se paga, sino cuánto, a quién y por medio de quién.
No hace falta creerme a mí. Los indicadores nacionales e internacionales llevan años advirtiendo sobre la impunidad, la corrupción y la influencia indebida en el sistema de justicia. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project ubica a Honduras entre los países peor evaluados de América Latina y señala la justicia civil y penal entre nuestras dimensiones más débiles.
Es decir, la escandalizada sorpresa de algunos no resiste la lectura de los informes que recibimos, con cortesía, cada año.
La doble moral tiene una lógica
Conviene entender por qué el secreto se guarda con tanta disciplina. Quien paga un soborno sabe que también comete un delito. El abogado que participa como intermediario depende de que esa práctica continúe. El funcionario que lo recibe tiene todo el interés en que nada cambie. Y el ciudadano que no paga ni recibe puede concluir, con razones comprensibles, que denunciar es caro y peligroso y que, además, nadie le hará caso.
Así se construye un pacto de silencio en el que cada actor queda atrapado de distinta manera y donde quien rompe las reglas parece ser aquel que se atreve a describir lo que sucede. A veces da la impresión de que en Honduras no molesta tanto el soborno como el hecho de que se hable públicamente de él.
Y aquí aparece la mayor ironía: públicamente, casi nadie admite conocer estas prácticas; en privado, abundan quienes aseguran haberlas presenciado o padecido. Los tribunales son intachables el lunes en los comunicados y cuestionados el martes en los pasillos. Oficialmente, parecemos un pueblo de santos, aunque llevamos décadas apareciendo en posiciones preocupantes en los indicadores de percepción de la corrupción.
Lo que no se nombra no se cura
Existe una razón práctica y no solamente moral, para romper este pacto. Ningún problema se resuelve mientras se niega. Ningún médico puede tratar una enfermedad que el paciente insiste en que no tiene. Ningún país puede reformar un sistema judicial si sus propias élites aseguran que funciona adecuadamente.
Cada vez que alguien con poder responde a una denuncia sobre posibles sobornos con indignación, en lugar de exigir una investigación, envía un mensaje al empresario que paga, al abogado que intermedia y al funcionario que cobra: tranquilos, la prioridad es que no se sepa. Y cada vez que una parte de la ciudadanía prefiere atacar al mensajero, le entrega al sistema exactamente lo que necesita para seguir igual.
Reconocer el problema no es «hablar mal de Honduras». Hablar mal de Honduras es permitir que la justicia pueda comprarse y luego fingir que no sucede. Lo que daña la imagen del país no son las columnas de opinión, sino los casos en que los expedientes parecen avanzar no por la fuerza de la ley, sino por el peso de las influencias o del dinero.
Una invitación incómoda
No escribo esto para señalar a un juez, a un empresario o a un abogado en particular. Escribo para colocarnos frente a un espejo. Muchos conocemos o hemos escuchado testimonios sobre esta realidad; el paso pendiente es reconocerla públicamente con la misma naturalidad con la que se comenta en privado.
A los empresarios que incorporan sobornos en sus presupuestos: ese renglón en sus cuentas es el costo de haber renunciado a construir un país con reglas. A los abogados: ustedes saben mejor que nadie cuánto puede llegar a costar un expediente y cuánto debería costar conforme a la ley. A los operadores de justicia honestos, que existen y son muchos: el silencio de los demás amenaza con enterrarlos junto a los corruptos. Y a la ciudadanía: cada «Así es», «Ni modo» o «No hay otra manera», dicho en privado, es un voto para que todo continúe igual.
El día en que el secreto deje de serlo, Honduras tendrá por fin un problema que podrá enfrentar, en lugar de un rumor que solamente puede lamentar. Yo prefiero que enfrentemos el problema.
