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El viernes pasado compartí panel con el expresidente costarricense Carlos Alvarado Quesada. Ante una pregunta del público, respondió algo que no debería sorprendernos, pero que pocas veces articulamos con esa claridad: en América Latina existe un deseo ferviente de concentración de poder, porque los corruptos y los antidemocráticos saben algo elemental —si logran concentrar poder, es más fácil destruir la democracia.
No es una frase retórica. Es, de hecho, el diagnóstico central que hace hoy la ciencia política sobre cómo mueren las democracias en el siglo XXI. Ya no caen por golpes de cuartel. Caen por lo que los especialistas llaman executive aggrandizement: la erosión progresiva de la democracia a través del control paulatino de las instituciones que arbitran la competencia política. El objetivo ya no es el cuartel, es la sala constitucional, el tribunal electoral, la fiscalía.
La región como laboratorio
América Latina ofrece hoy el catálogo más completo de esta lógica en acción.
El Salvador es el caso más veloz. En apenas cinco años, el gobierno de Nayib Bukele destituyó a la totalidad de los magistrados de la Sala Constitucional y colocó en su lugar a jueces afines, quienes autorizaron una reelección presidencial que la propia Constitución prohibía. El resultado, documentado por el Instituto V-Dem, es una autocracia electoral consolidada: se mantienen las urnas, pero desaparecieron los árbitros que garantizaban que esas urnas contaran limpiamente.
Nicaragua muestra el punto de llegada. El régimen de Ortega-Murillo figura hoy entre los diez países menos democráticos del planeta, tras más de una década del mismo patrón: cooptar primero, reprimir después, gobernar sin contrapesos al final.
México y Perú, en cambio, recuerdan que este fenómeno no tiene bandera ideológica. En ambos países el debilitamiento sostenido del Poder Judicial —desde gobiernos y proyectos políticos distintos— ha sido suficiente para que organismos como el V-Dem los clasifiquen entre los casos más preocupantes de autocratización del continente.
El dato agregado es contundente: según el más reciente Informe sobre la Democracia, apenas el 4% de la población de América Latina vive hoy bajo una democracia liberal plena —los casos de Chile, Costa Rica y Uruguay—. El resto habita democracias electorales frágiles o regímenes ya abiertamente autocráticos.
Honduras no es una excepción, es un ensayo en curso
Cuando observamos con esta lente lo que ocurre en nuestro propio país, el patrón es reconocible. La disputa constante por el control del Consejo Nacional Electoral, la parálisis deliberada de la reforma eléctrica en la ENEE, un 86% de impunidad en delitos contra la vida: cada uno de estos frentes no es un problema aislado de gestión pública. Es, en cada caso, una institución de control que alguien tiene interés en capturar, debilitar o vaciar de contenido.
Esa es la advertencia real detrás de la reflexión de Alvarado: el populismo latinoamericano —de izquierda, de derecha o sin bandera clara— no necesita eliminar la democracia de un solo golpe. Le basta con ir removiendo, una por una, las piezas institucionales que la sostienen, hasta que solo quede la cáscara electoral.
La pregunta que deberíamos hacernos
La lección no es simplemente “cuidemos la democracia” en abstracto. Es mucho más concreta: cada vez que un gobierno proponga “simplificar”, “unificar” o “modernizar” una institución de control —un tribunal, un ente regulador, un órgano fiscalizador— esa propuesta merece escrutinio antes que aplauso. No porque toda reforma institucional sea sospechosa, sino porque la historia reciente de la región enseña que ese es, precisamente, el lenguaje con el que empieza la concentración de poder.
Costa Rica ha resistido mejor que la mayoría de sus vecinos. Honduras todavía está a tiempo de decidir en qué columna de esta historia quiere quedar escrita.
