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- 6 de cada 10 hogares viven en condiciones de pobreza y de estos, 4 están en condiciones de pobreza extrema.
- Tendencia al alza en las remesas evidencia alta dependencia, mientras persiste incertidumbre por políticas comerciales anunciadas por Estados Unidos.
Tegucigalpa, 27 de mayo 2025. A pesar de los discursos oficiales que señalan avances en inversión pública y crecimiento económico, los indicadores más relevantes muestran que Honduras continúa atrapada en un sistema que no responde a los desafíos y tendencias actuales, mientras la inflación, desempleo y desigualdad siguen golpeando los hogares hondureños, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
En la séptima edición de la serie Estado de país, dedicada al sector economía y finanzas, ASJ apuntó que la economía hondureña creció apenas un 3.6 % en 2024, ubicando al país en el penúltimo lugar de crecimiento en la región centroamericana. Este ritmo resulta insuficiente para enfrentar los niveles de pobreza y desempleo que afectan a la mayoría de la población. Actualmente, 64.1 % de los hogares viven en condiciones de pobreza y un 52 % de la fuerza laboral enfrenta problemas de empleo, ya sea por desocupación o subempleo.
El análisis destaca que la economía hondureña continúa altamente dependiente de las remesas familiares, que alcanzaron los USD 9,743 millones en 2024, lo que equivale al 26 % del PIB. Se estima que 2.7 millones de personas reciben remesas —en su mayoría provenientes de Estados Unidos—, que son utilizadas principalmente en alimentación, salud y educación. Sin embargo, esta fuente vital está amenazada, pues más de 261 mil hondureños están en riesgo de deportación y se contempla un impuesto del 3.5 % a las remesas en EE. UU., lo que pondría en riesgo la estabilidad de miles de hogares.
A esto se suma que las exportaciones cayeron un 2.7 % en 2024, representando el 30 % del PIB, mientras desde septiembre de 2024 se registra una depreciación acelerada del lempira, lo que ha encarecido las importaciones clave como combustibles, alimentos, insumos agrícolas y medicinas, elevando el costo de vida, así como el pago de la deuda externa.
Por otra parte, aunque el gobierno ha proclamado niveles históricos de inversión, los datos reflejan otra realidad. En 2024 la ejecución presupuestaria en sectores clave fue muy limitada: sólo se ejecutó el 47 % de lo asignado a carreteras, 35 % en proyectos de energía, 85 % en centros educativos y 71 % en hospitales. En paralelo, el país mantiene una tendencia creciente en endeudamiento externo, con una contratación promedio anual casi duplicada entre 2022 y 2024 en comparación con el período 2014-2021.
Impacto social: desigualdad, precariedad laboral y aumento de precios
En 2024, Honduras registró la inflación más alta de Centroamérica (3.88 %), con aumentos significativos en rubros esenciales como educación y salud. La canasta básica alimentaria se encareció un 1.5 % respecto a 2023 y un 31 % en comparación con 2021, lo que refleja una creciente presión sobre el costo de vida, especialmente para los hogares más vulnerables.
El empleo formal registra un retroceso. Aunque el número de personas ocupadas aumentó en 85,878, el 90 % de estos nuevos empleos corresponden a trabajos por cuenta propia, contratistas independientes o empleo familiar no remunerado. La situación de los jóvenes es particularmente crítica: el 28.7 % no estudia ni trabaja, lo que representa cerca de un millón de personas fuera del sistema educativo y del mercado laboral.
La desigualdad económica también se mantuvo sin cambios. En 2024, las familias con mayores ingresos recibieron 14 veces más que aquellas con menores recursos, reproduciendo una brecha persistente que limita las posibilidades de movilidad social y profundiza la exclusión económica.
Ante este panorama, ASJ recomienda al gobierno hondureño implementar políticas públicas integrales para impulsar la producción nacional, diversificar exportaciones y mercados, y responder a desafíos migratorios y comerciales externos. Asimismo, plantea un pacto por el empleo que fomente oportunidades laborales formales y respete los derechos laborales, así como el fortalecimiento de las instituciones públicas para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios, e impulsar propuestas que respondan a las necesidades de la población, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad.
