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- La denuncia detalla la creación y ejecución del Fondo de Administración Solidaria gestionada por diputados entre el 2023-2025 a través de SEDESOL que aún siguen sin rendir cuentas
Tegucigalpa, 2 de septiembre de 2026. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó una denuncia ante el Ministerio Público exigiendo una investigación por la posible comisión de delitos en la aprobación, ejecución y liquidación del Fondo de Administración Solidaria, gestionado por el Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
La denuncia detalla la asignación de L1,837,349,701.14 por parte de diputados a través de la denominada línea presupuestaria 449, la cual es administrada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y que tiene carácter discrecional. Según el escrito, esta partida está destinada exclusivamente a obligaciones derivadas de convenios de préstamo, otorgamiento de avales y emergencias por desastres naturales o calamidad pública, sin estar prevista para el financiamiento de becas, obras sociales, canchas deportivas o infraestructura menor.
La denuncia presentada por el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional solicita a la Fiscalía el inicio de un proceso penal y que requiera a SEFIN copia certificada de todas las resoluciones emitidas entre 2023 y 2025 relacionadas con la aprobación y asignación de este fondo a favor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), el Instituto de Crédito Educativo EDUCRÉDITO y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
Entre los hallazgos, la denuncia detalla que la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) canjeó 199,701 cupones alimenticios por un monto de L187,567,800.00 entre 2023 y 2025, de los cuales solo el 37% han sido liquidados. Por otro lado, L 110,130,000 en concepto de becas, pero tras intentar comprobar su liquidación, se comprueba que BANADESA y SEDESOL firmaron un acuerdo de confidencialidad que impide acceder a información; fuera de lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece.
Para ASJ, esto evidencia que la asignación de los fondos se organizó en función de cada diputado gestor y no de criterios técnicos objetivamente definidos, lo que habría convertido estos beneficios en una herramienta de visibilidad política individualizada de cara a la población, poco antes de la celebración de elecciones generales, más allá de si la ayuda reportada llegó a concretarse tal como fue registrada.
Ver: ASJ REVELA FALTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MANEJO DE L1,837 MILLONES DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA POR PARTE DE DIPUTADOS
En cuanto a la rendición de cuentas, la denuncia señala que ninguna de las instituciones involucradas ha remitido los informes de liquidación que exige la ley, algo que SEFIN confirmó respecto a SEDESOL y la SGJD, y que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) corroboró al no encontrar registro alguno de dichos informes correspondientes al ejercicio 2023-2025; la propia SEDESOL reconoció ante ASJ que los fondos ejecutados permanecen sin liquidar y que desconoce el procedimiento que debía seguir para hacerlo.
ASJ instó al Ministerio Público actuar con firmeza y aplicar las sanciones correspondientes, investigando a todos los diputados que gestionaron el Fondo de Administración Solidaria en el periodo señalado. Para ASJ, el manejo directo de fondos públicos por parte de legisladores, sin criterios técnicos ni rendición de cuentas, constituye una amenaza directa a la transparencia y al uso correcto del erario nacional, y la impunidad en estos casos profundiza la desconfianza ciudadana.
