|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
- El análisis Factura Pendiente de Potencia Honduras muestra que, gobierno tras gobierno, la ENEE presupuesta menos de lo que necesita y la diferencia termina en deuda, un patrón que el Proyecto de Presupuesto General 2027 vuelve a repetir.
- El 51 % de los hogares más pobres recibe apenas el 11 % del alivio por el congelamiento de la tarifa, mientras que el 65 % se concentra en los clientes que más consumen.
Tegucigalpa, 19 de noviembre de 2026. El Proyecto de Presupuesto General de la República 2027 deja fuera al menos L 24,500 millones en obligaciones del sector eléctrico público, equivalentes al 2.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el déficit permitido para todo el sector público es de 1 %, según el análisis Factura Pendiente que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su iniciativa Potencia Honduras, presentó este jueves.
Con esas obligaciones, el costo real de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en 2027 asciende a L 85,200 millones, un 40 % más de lo que reconoce su presupuesto y solo los L 24,500 millones que quedan fuera, equivalen a casi la mitad del presupuesto de Educación (47 %) y a más de tres cuartas partes del de Salud (77 %).
El análisis de Potencia Honduras muestra que se trata de un patrón histórico. Entre 2015 y 2025 la ENEE presupuestó un déficit acumulado de L 7,600 millones y terminó con L 38,800 millones, cinco veces más, y esa diferencia elevó sus pasivos de L 33,400 millones a L 114,500 millones en una década.
El presupuesto 2027 repite el patrón, a pesar de las buenas señales de la reforma del sector, al dejar sin fondos L 8,200 millones en pérdidas que la tarifa no reconoce, L 6,700 millones del congelamiento tarifario y L 9,600 millones en inversiones y compromisos pendientes, para los que asigna apenas L 143 millones, menos del 1 % de lo que se requiere.
El congelamiento de la tarifa por seis meses cuesta más que toda la inversión en hospitales y camas prevista para 2027, y llegaría a L 14,800 millones si se extiende a todo el año. Además, el 65 % del beneficio va al 11 % de los clientes que más consumen, entre hogares grandes, comercio, industria y gobierno, mientras los 325,000 hogares en extrema pobreza no reciben nada de este nuevo subsidio.
Para corregir esa distorsión, ASJ propone focalizar el alivio, no eliminarlo, y mantenerlo para los hogares que consumen hasta 500 kWh, que son el 89 % de los clientes, lo que ahorraría L 4,400 millones en seis meses.

Las obligaciones no cubiertas afectan también al programa de reducción de pérdidas de la ENEE, que pasa de L 449 millones en 2026 a cero en 2027, aunque el plan de la propia empresa requiere L 3,400 millones. No atender esas pérdidas cuesta L 12,600 millones al año. Además, quedan sin asignación 120 obras de distribución, los L 450 millones de capital inicial de las tres nuevas empresas y L 2,100 millones para líneas de transmisión y ampliación de cobertura.
“La diferencia no desaparece por no escribirla, se paga con deuda, con mora y con apagones, y quienes terminan pagando más caro son los hogares que menos tienen”, señaló Julio Rivera, especialista en Energía y Sector Privado de ASJ.
ASJ y Potencia Honduras instaron a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la ENEE, el Comité de Conducción de la reforma, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Congreso Nacional incluir en el presupuesto el costo real del sector eléctrico antes de su aprobación, y en particular que el Congreso no lo apruebe sin un anexo de análisis técnico que demuestre focalización en los más pobres del sector ni extienda el congelamiento sin definir de dónde saldrá el dinero.


