|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
- Entre 2023 y 2025, diputados propietarios y suplentes gestionaron ante SEDESOL becas, cupones de alimentos, obras de vivienda y kits escolares a través de una partida presupuestaria discrecional, sin control, liquidación ni rendición de cuentas.
Tegucigalpa, 2 de septiembre de 2026. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció que, entre 2023 y 2025, el Congreso Nacional de Honduras canalizó L1,837,349,701.14 del Fondo de Administración Solidaria a través de una línea presupuestaria diseñada para gastos de emergencia y sin mecanismos de transparencia y control.
Aunque instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) figuran como ejecutoras del fondo, ASJ encontró que en la práctica eran los propios diputados quienes presentaban los proyectos, solicitaban los beneficios y gestionaban su entrega directa en las comunidades.
El fondo fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales de Presupuesto, que autorizaron al Congreso Nacional asignar hasta L950 millones anuales a 7 instituciones del Estado para becas de estudio, obras sociales e infraestructura menor, categorías a las que en 2025 se sumaron cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos. Solo en 2024, el año de mayor movimiento, se ejecutaron L898.5 millones entre SEDESOL, el FHIS y la SGJD.
Ninguna de las entidades ejecutoras ha remitido a los organismos de control los informes de liquidación que exige la ley y SEDESOL admitió directamente ante ASJ que aún no liquida fondos correspondientes al período 2023-2025 ni conoce con claridad el proceso que debía seguir para hacerlo.
De los más de L187 millones canjeados en cupones y certificados alimenticios en el mismo período, apenas el 37% ha sido liquidado, mientras la mayoría del monto restante permanece sin trazabilidad. Una parte importante de esos cupones, más de L53 millones, fue entregada a través de un grupo reducido de 26 diputados, todos pertenecientes al partido Libertad y Refundación.
Sobre las becas estudiantiles, ASJ encontró que BANADESA y SEDESOL firmaron un convenio con una cláusula de confidencialidad que ha sido invocada para negarle información sobre la liquidación de esos fondos, pese a que la Ley de Transparencia solo permite declarar reserva de información bajo causales específicas que no cubren este tipo de datos.
Cincuenta diputados, entre propietarios y suplentes, gestionaron con SEDESOL más de L110 millones en cerca de 22,000 becas estudiantiles entre 2023 y 2025, una cifra que se concentró de forma desproporcionada en unos pocos nombres. El exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores, junto con su suplente, encabeza la lista con L29 millones en 5,801 becas otorgadas, seguido por Hugo Rolando Noé Pino y su suplente, con L25.7 millones en 5,142 becas.
En comunidades visitadas por ASJ, varias personas señaladas como beneficiarias de estos programas negaron haber recibido la ayuda reportada o recibieron un tipo de asistencia distinto al que figuraba en los listados oficiales, mientras que, en al menos un caso, la persona confirmó no contar con el negocio que aparecía en los documentos como destinatario del apoyo económico.
El capítulo en Honduras de Transparencia Internacional identificó que, de los diputados que gestionaron becas, cupones, obras sociales u obras de infraestructura menor entre 2023 y 2025, 23 resultaron reelectos en el proceso electoral más reciente, un patrón que ASJ asocia al uso de recursos públicos como herramienta de campaña disfrazada de política social.
«El problema no es únicamente quién recibió estos fondos, sino que ninguna institución fue capaz de decirnos con certeza cómo se liquidaron. Eso convierte al Fondo Solidario en un mecanismo diseñado para operar sin control», señaló Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ.
Entre las recomendaciones que ASJ plantea, destaca la aprobación de una Ley de Administración de Subvenciones propuesta por ASJ, la publicación oportuna de beneficiarios e informes de liquidación, y la prohibición expresa de que los diputados intermedien en la entrega de ayudas financiadas con fondos públicos, especialmente en años electorales.
