La Coalición por la restitución de derechos de la niñez en conflicto con la ley, comprometida por la defensa de los derechos de las niñas y niños en conflicto con la ley, ante la injustificable omisión de la Secretaría de Finanzas de autorizar el desembolso de recursos presupuestarios que legalmente corresponden al Instituto Nacional de Menores Infractores (INAMI), se pronuncia en los siguientes términos:
Por falta de la transferencia de 66 millones de lempiras al INAMI, se están violentando derechos a niñas y niños en virtud que:
a. Se encuentran suspendidos los procesos de compra de medicinas e insumos para procesos de atención primaria en salud, educación, rehabilitación y reinserción.
b. El personal responsable del cuidado, atención y protección de las niñas y niños que asiste a los centros pedagógicos por turnos, no tienen dinero para transportarse ante la falta de dos meses de pago de salario, lo que significa probablemente que sus hijas e hijos también tienen derechos vulnerados.
c. Los procesos de ejecución de medidas alternativas están suspendidos, ante la imposibilidad de realizarse giras de trabajo a nivel nacional, afectando a más de 1600 niñas y niños.
d. Se debe cuatro meses del pago por servicio de alimentos de las niñas y los niños y otros servicios necesarios para garantizar sus derechos como energía eléctrica, agua, combustible e internet.
e. Ha habido corte de energía eléctrica en el Centro Pedagógico El Carmen, que alberga 30 niños y adolescentes, afectando en la suspensión del servicio de agua y sistema de seguridad.
f. No se puede hacer mejoras necesarias en el Centro Pedagógico Jalteva, que tiene infraestructura de máxima seguridad, causando detrimento del bienestar a más de 100 niños y adolescentes.
Estas condiciones de vulneración de derechos de las niñas y niños, propician riesgos en perjuicio de su seguridad y protección como revueltas y episodios de violencia que podrían terminar en muertes, como en el pasado.
Indigna y se cuestiona, que a pesar que desde el primero de febrero de 2022 la Coalición y otros actores garantes de Derechos Humanos han hecho comunicados públicos, acercamientos y solicitudes formales urgiendo los desembolsos y alertando al gobierno de la violación de derechos a las niñas y los niños y potenciales tragedias, y no ha habido una respuesta contundente a favor de las niñas y niños, resultando altamente reprochable, porque sí hay dinero. Hoy, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene dinero suficiente para, al menos, realizar el primer desembolso de L 33 millones para paliar la crisis que afecta al INAMI.
En este escenario lamentable y vergonzoso para nuestro país, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez del Ministerio Público ha tenido que solicitar ante un juez competente la restitución de derechos vulnerados de niñas y niños en conflicto con la ley, para que, por orden judicial se realicen las transferencias presupuestarias que permitirían al INAMI tutelar los derechos de las niñas y niños.
A su vez, la Coalición ha pedido una reunión urgente con la Presidenta Xiomara Castro, para demandar una pronta respuesta como evidencia de que bajo su liderazgo las niñas y los niños son prioridad, aun con diferentes situaciones de crisis en el país.
Tegucigalpa, M.D.C.; 29 de marzo de 2022
Coalición por la restitución de derechos de la niñez en conflicto con la ley
