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En las últimas semanas he escrito dos veces sobre una realidad que duele y avergüenza: la corrupción y los sobornos dentro del Poder Judicial hondureño. No me retracto de una sola línea. Pero hoy quiero mirar el otro lado de la balanza, porque este viernes el mundo nos recordó algo que en Honduras pareciera que hemos olvidado: un juez íntegro puede cambiar la historia.
El Premio Nobel de la Paz 2026 fue concedido a Navanethem «Navi» Pillay, una jueza sudafricana de 85 años que ha dedicado su vida a defender los derechos humanos y el Estado de derecho. Una mujer que nos recuerda que la justicia, cuando se ejerce con independencia y valentía, puede transformar sociedades enteras.
Su historia comienza lejos de cualquier privilegio. Hija de un conductor de autobús, creció en un barrio pobre de Durban, Sudáfrica, bajo el régimen del apartheid. Cuando terminó sus estudios de Derecho, recorrió distintos despachos buscando trabajo. Las puertas se le cerraban por ser mujer y por el color de su piel. En uno de ellos le dijeron que no podían permitir que secretarias blancas recibieran instrucciones de una persona negra.
En lugar de rendirse, abrió su propio despacho en 1967 y comenzó a defender a presos políticos y a personas perseguidas por el régimen. Desde muy joven comprendió que la ley podía utilizarse para proteger los privilegios de unos pocos o para defender la dignidad de quienes no tenían poder.
En 1995 fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar ese cargo. Ese mismo año pasó a integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde participó en una decisión que marcó la historia del derecho internacional.
En 1998, junto a otros dos magistrados, dictó la primera sentencia condenatoria por genocidio emitida por un tribunal internacional, en el caso de Jean-Paul Akayesu. Aquella resolución también estableció que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio. Lo que durante siglos había sido tratado como un supuesto botín de guerra pasó a ser reconocido y juzgado como una de las más graves violaciones a la dignidad humana.
Una sentencia, dictada con independencia y sustentada en el derecho, ayudó a cambiar la manera en que el mundo enfrenta estos crímenes.
Al conocer la noticia del Nobel, Pillay reafirmó la necesidad de permanecer unidos en defensa del Estado de derecho, de los tribunales independientes y de un orden jurídico internacional basado en principios.
Años atrás, frente a las presiones de un gobierno sobre sus jueces, había sido igualmente contundente: la justicia debe funcionar libre de presiones externas, amenazas e interferencias del Poder Ejecutivo o Legislativo.
¿Qué tiene que ver todo esto con Honduras? Mucho.
Primero, porque nos obliga a reconocer algo que también es cierto en nuestro país: hay buenos jueces y buenas juezas. Profesionales honestos, capaces y comprometidos con la justicia, que trabajan con enormes cargas laborales, recursos limitados y, en ocasiones, bajo fuertes presiones políticas, económicas o incluso amenazas.
Jueces que resisten las llamadas incómodas, que no se dejan intimidar por los poderosos y que entienden que su responsabilidad es aplicar la ley, no servir a intereses particulares.
De ellos hablamos poco. En Honduras, el juez corrupto suele convertirse en noticia, mientras el juez honesto permanece en el anonimato. Y eso también debemos cambiarlo.
Pero dignificar al buen juez no significa guardar silencio frente a la corrupción ni defender privilegios dentro del Poder Judicial. Todo lo contrario. Precisamente porque existen jueces honestos, debemos impedir que los corruptos sigan manchando la dignidad de quienes cumplen con su deber.
Segundo, porque dignificar al buen juez no puede quedarse en discursos, reconocimientos o campañas de imagen. Requiere decisiones institucionales concretas.
Un juez no puede ser verdaderamente independiente si su nombramiento depende de un padrino político, si su ascenso está condicionado por los intereses de quienes tienen poder o si un traslado puede utilizarse para castigarlo por una sentencia que incomodó a alguien.
La valentía individual merece reconocimiento, pero ningún sistema de justicia puede depender únicamente de personas valientes. Necesitamos instituciones que protejan esa integridad y que sancionen con firmeza a quienes la traicionan.
Por eso, la discusión sobre el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial no es un asunto exclusivo de abogados. Es una discusión que nos afecta a todos los hondureños.
En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia entregó al Congreso Nacional un anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar.
Honduras necesita procesos de selección transparentes y basados en méritos, evaluaciones de desempeño objetivas, mecanismos disciplinarios independientes que sancionen al corrupto sin perseguir al juez incómodo, y una verdadera separación entre las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia.
También necesitamos proteger a quienes administran justicia frente a las amenazas y presiones del crimen organizado, de los poderes económicos y de los propios actores políticos.
La independencia judicial no significa ausencia de controles. Significa que los jueces deben rendir cuentas por sus actuaciones, pero nunca ser castigados por aplicar correctamente la ley.
Hay una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: si el Estado no protege a los jueces que actúan con integridad, ¿cómo podemos exigirles que enfrenten a los poderosos y resistan las presiones de la corrupción?
El Nobel concedido a Navi Pillay no resolverá nuestros problemas. Pero nos recuerda algo fundamental: sí es posible construir una justicia que no se vende, que no se arrodilla ante el poder y que coloca la dignidad humana por encima de cualquier interés.
Estoy convencido de que Honduras cuenta con jueces capaces de ejercer esa justicia. Lo que necesitamos es un sistema que los seleccione por sus méritos, los evalúe con rigor, los proteja de las presiones y sancione sin contemplaciones a quienes traicionan la confianza ciudadana.
