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En casi tres décadas acompañando la vida institucional de Honduras desde la sociedad civil, he visto llegar y salir a muchos funcionarios. Algunos parecen olvidar, apenas llegan al cargo, algo elemental: el poder tiene fecha de vencimiento. Los vehículos, los honores, los aplausos y las personas que celebran cada decisión alimentan la ilusión de una autoridad permanente. Pero llega el día en que hay que entregar el despacho. Lo que queda son las consecuencias de lo decidido y la obligación de responder por ello.
Honduras ha pagado caro ese olvido. Funcionarios de distintos partidos han confundido autoridad con derecho a imponer su voluntad. Han usado las instituciones para proteger intereses particulares y han tratado los límites constitucionales como estorbos que se apartan por conveniencia. Después, cuando les toca rendir cuentas, algunos descubren el valor de las garantías que no respetaron mientras gobernaban.
Nuestra Constitución es clara. El artículo 321 establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. El 323 recuerda que los funcionarios son depositarios de la autoridad y responden legalmente por su conducta oficial. No son tecnicismos. Son la línea que separa una república de una hacienda privada.
Lo ocurrido en el Congreso Nacional durante el período anterior merece leerse desde ahí.
Xiomara Castro ganó las elecciones de 2021 con un respaldo ciudadano incuestionable, y su triunfo despertó una enorme esperanza de cambio. Pero esa legitimidad no autorizaba a desconocer las reglas de los otros poderes del Estado. Los votos obtenidos para la Presidencia no sustituían las mayorías necesarias dentro del Congreso.
La disputa por la presidencia del Legislativo en enero de 2022 dejó una fractura que acompañó a ese poder durante cuatro años. Luis Redondo ejerció la presidencia en medio de serios cuestionamientos sobre el respaldo parlamentario con el que asumió. Aquella controversia exigía una salida institucional, basada en la ley y en acuerdos transparentes. Su desenlace dejó dudas profundas sobre el respeto a las reglas.
Cuando una irregularidad se tolera porque favorece a los nuestros, perdemos la capacidad de frenar la siguiente. Poco a poco, lo excepcional se vuelve costumbre. Se normaliza que el presidente del Congreso actúe como dueño de la institución, que el desacuerdo justifique la parálisis y que una mayoría incómoda pueda ignorarse.
El Congreso pertenece al pueblo hondureño. Quien lo preside tiene la responsabilidad de facilitar la deliberación, respetar la pluralidad y cumplir la ley. Ningún funcionario está autorizado a reemplazar con su voluntad las decisiones que corresponden al pleno.
Al final de aquella legislatura, esa tensión llegó a un punto crítico. Hoy son parte de una acusación penal dos asuntos: la integración y las actuaciones de la Comisión Permanente, cuando el Ministerio Público sostiene que el pleno había aprobado prorrogar las sesiones ordinarias, y las decisiones relacionadas con la revisión y el recuento de votos de las elecciones generales de 2025.
Más allá de los nombres, la gravedad es institucional. Las competencias de cada órgano existen para impedir la concentración del poder. Cuando una autoridad se atribuye funciones que corresponden a otra, pone en riesgo las garantías que protegen la voluntad ciudadana.
El requerimiento fiscal presentado ante la Corte Suprema de Justicia contra Luis Redondo y otros exintegrantes de aquella comisión involucra, según el Poder Judicial, al menos 14 imputados y 21 delitos. A ello se suma la orden de captura contra el expresidente del Congreso, que ya tiene alcance internacional. Con esto se abre una etapa en la que deberán esclarecerse los hechos y las responsabilidades individuales. La defensa ha calificado el requerimiento de prematuro, y ese debate también es parte del proceso.
Una acusación no equivale a una condena. Corresponde al Ministerio Público sostener sus señalamientos con pruebas, y a los tribunales resolver con independencia, respetando la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Defender el Estado de derecho exige mantener esos principios también para quienes son acusados de haberlo vulnerado. Si no los respetamos con todos, no los estamos defendiendo; solo los estamos usando.
Por eso este proceso debe estar libre de cálculos partidarios. Honduras necesita una justicia capaz de investigar al poderoso mientras ocupa el cargo y de pedirle cuentas cuando lo deja. Que sancione cuando se demuestre responsabilidad y absuelva cuando las pruebas no alcancen.
La lección también alcanza a quienes hoy gobiernan. Cada decisión fortalece o debilita las instituciones. El respaldo político del presente no elimina la obligación de explicar mañana cómo se usó la autoridad recibida.
Y alcanza a los ciudadanos. No podemos condenar los abusos del adversario y callar ante los de nuestros aliados. Esa doble medida ha permitido que demasiados funcionarios encuentren protección para hacer lo que antes prometieron combatir.
Quien asume una función pública no recibe un premio; recibe una responsabilidad frente al país. Debe ejercerla con límites, con transparencia y sabiendo que un día tendrá que rendir cuentas.
El cargo se entrega. Las decisiones quedan. El poder termina; la responsabilidad permanece.
