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• La denuncia presentada demanda una auditoría especial a la SESAL, IHSS y a SEFIN sobre la contratación y el pago del personal médico y el servicio efectivo brindado a pacientes, tras casi seis semanas de servicios reducidos a emergencias.
• ASJ insta al Colegio Médico y al Gobierno a retomar el diálogo de inmediato y a colocar la vida de los pacientes por encima del conflicto.

Tegucigalpa, jueves 15 de octubre de 2026. Las Asociaciones de Pacientes de Honduras presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el acompañamiento de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a través de su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), para que se investigue la gestión de los contratos y pagos del personal médico de la Secretaría de Salud (SESAL), mientras la consulta externa de hospitales y centros de salud públicos permanece suspendida desde el 7 de septiembre.

Según las cifras oficiales citadas en la denuncia, la paralización ha dejado 27 303 consultas canceladas en todo el país. Solo en el Hospital Escuela se contabilizan más de 21 000 consultas y servicios cancelados, cerca de 3 000 cirugías postergadas, y las cirugías electivas se han reducido entre un 50 % y un 60 %.

El capítulo en Honduras de Transparencia Internacional ha advertido que durante estas semanas creció la demanda en los servicios privados de salud, una salida que solo está al alcance de quienes pueden pagarla y que deja a las familias de menores ingresos sin ninguna alternativa.

“Lamentamos profundamente el dolor que hoy están viviendo los pacientes y sus familias; la falta de atención médica no afecta a la Secretaría de Salud ni al Gobierno, afecta al pueblo. Estamos hablando de la población más pobre, la que tiene menos oportunidades, y para ellos cada consulta cancelada se traduce en una mayor probabilidad de morir”, declaró Blanca Munguía, directora del sector salud de ASJ.

La denuncia presentada solicita al TSC una auditoría especial a la SESAL, al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) sobre el ejercicio fiscal 2026, y si hay personal prestando servicios sin respaldo contractual o presupuestario; así como el personal que ha recibido su pago de salario a tiempo que no ha laborado.

También pide identificar a los servidores públicos que autorizaron pagos indebidos o contrataciones sin respaldo presupuestario, deducir las responsabilidades administrativas correspondientes y, si surgen indicios de responsabilidad civil o penal, remitir el expediente a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público. La petición incluye que el TSC emita recomendaciones para garantizar el pago puntual del personal de salud y que haga públicos los resultados.

La denuncia recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido la salud como un derecho indispensable para vivir dignamente y ha subrayado que los servicios sanitarios deben ser médicamente apropiados y de buena calidad. Para ASJ y las Asociaciones de Pacientes, la crisis ha dejado de ser únicamente un conflicto laboral y compromete el derecho a la salud de miles de hondureños.

Las organizaciones denunciantes hicieron un llamado al Colegio Médico, a la SESAL, a la SEFIN y a la Presidencia de la República a retomar sin más demora la mesa de diálogo y a construir una salida que atienda las demandas laborales sin que el costo lo sigan pagando los enfermos.

Mientras se alcanza un acuerdo, ASJ considera indispensable que se garanticen todos los servicios de salud a los pacientes y que se reprogramen cuanto antes las citas suspendidas.