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- El Congreso Nacional ejecutó L82.6 millones en ayudas sociales y donaciones sin fiscalización, equivalentes al 15.9% de su presupuesto, en una práctica que ASJ califica como ausencia de rendición de cuentas.
- Empleo, seguridad y educación permanecieron relegados en la agenda legislativa pese a ser necesidades prioritarias de la población hondureña.
Tegucigalpa, 23 de septiembre 2026. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó los resultados de su informe de Monitoreo Legislativo correspondiente al primer semestre de 2026, que abarca del 25 de enero al 30 de junio, en el que advierte que el Congreso Nacional aprobó 140 de los 926 proyectos de ley presentados durante el período, equivalente al 15% de la producción legislativa.
Pese al aumento en la productividad legislativa, el informe documenta que presentar más iniciativas no se traduce en mejores leyes ni en mayores probabilidades de que sean aprobadas, pues los cinco diputados y diputadas con más proyectos sumaron 124 iniciativas y lograron aprobar apenas 5, una tasa cercana al 4%.
ASJ también identificó que se siguen registrando prácticas que no han sido corregidas en periodos legislativos anteriores, ya que persisten las contrataciones directas sin procesos de licitación abiertos, continúa la falta de transparencia en el acceso a la información pública, no existe un registro de votación de los diputados y diputadas, y tampoco se hacen públicas las actas de las sesiones.
Esta desconexión se refleja también en los temas que dominaron la agenda aprobatoria del semestre, pues mientras infraestructura y transporte concentró 28 proyectos aprobados, salud 18 y economía y finanzas 12, áreas identificadas por ASJ como prioritarias para la población obtuvieron una atención marginal, ya que empleo sumó apenas 2 proyectos aprobados, y seguridad y educación 6 cada una. Incluso dentro de los temas más atendidos, los proyectos aprobados respondieron a necesidades coyunturales y puntuales, como modificaciones presupuestarias y contratos para obras de infraestructura en municipios específicos, o exoneraciones y asignaciones dirigidas a casos particulares en salud, en lugar de traducirse en políticas o reformas que resuelvan los problemas estructurales del país en esas materias.
El capítulo de Transparencia Internacional señalo que esta brecha entre lo que el Congreso Nacional legisla y lo que el país necesita debe corregirse, por lo que se instó a los diputados y diputadas a reencauzar su agenda hacia los temas prioritarios de los hondureños, entre ellos empleo, salud, educación, seguridad y lucha anticorrupción.
El monitoreo también identificó opacidad persistente en el manejo del presupuesto del Congreso Nacional, que para 2026 fue aprobado en L1,530.3 millones, de los cuales se habían ejecutado L637.6 millones al cierre de junio. De ese gasto, ASJ documentó que se ejecutaron L82.6 millones en ayudas sociales y donaciones, bajo lo que la organización describe como una práctica de corte proselitista que sustituye a las subvenciones y al fondo departamental, sin que exista registro público sobre a quién, cuándo ni dónde se entregaron esos fondos. ASJ intentó acceder al detalle de este gasto mediante solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero la información fue omitida, mientras que el Congreso Nacional mantiene un rezago de tres meses en la publicación de su información financiera en el portal de transparencia.
Con base en estos hallazgos, ASJ recomendó a la Junta Directiva del Congreso Nacional transparentar el gasto en ayudas sociales y donaciones mediante la publicación de beneficiarios, montos, fechas y criterios de asignación, además de adoptar el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para desagregar sus partidas presupuestarias al igual que el resto de las instituciones públicas.
También, desde ASJ se instó a agilizar la implementación de un sistema de votación y un registro digital de asistencia publicado en tiempo real y en formato de datos abiertos, como una medida que permitiría a la ciudadanía dar seguimiento directo a la labor de sus representantes.
