• En conversatorio virtual organizado por ASJ, expertos de El Salvador, Guatemala y Honduras analizaron los procesos de selección judicial.

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en conjunto con la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador y Acción Ciudadana de Guatemala, llevaron a cabo el webinar “Experiencias comparadas de los procesos de selección judicial: desafíos y oportunidades”, en el marco del próximo proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

En el conversatorio virtual participaron: Liliam Arrieta, doctora en Ciencia Jurídicas, de El Salvador; Juan Carlos Rosales, máster en Derecho Procesal Civil, de Honduras; Edie Cux, director Jurídico de Acción Ciudadana, de Guatemala; Claudia Escobar, especialista jurídica anticorrupción y consultora Senior del proyecto, y Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de la ASJ.

“Estamos reunidos ciudadanos de tres países con historia y problemas en común, pero mucha gente que quiere un cambio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estos procesos de elección de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General son la espina dorsal de la reconstrucción del Estado de Derecho. Si se quiere combatir la corrupción, si se quiere sociedades más justas, desarrollo económico, paz, oportunidades para todos, tenemos que tener instituciones judiciales independientes, imparciales, que respondan al mandato legal, no a élites económicas ni políticas”, reflexionó Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de ASJ.

En los tres países, los diferentes procesos de elección analizados coinciden en la etapa de nominación; sin embargo, si los procesos no siguen estándares de transparencia y meritocracia, no siempre son seleccionados los mejores candidatos.

La doctora en Ciencias Jurídicas, Liliam Arrieta, comentó el caso de El Salvador, donde la selección de titulares para los entes de justicia se realizará hasta 2024. “Los designados judiciales forman parte del oficialismo que impera desde la llegada del último presidente al país. Tal fue el procedimiento inconstitucional, que siguieron para remover y colocar a los magistrados. Esto ha afectado de manera negativa”, apuntó.

Y recalcó que los procesos han seguido estos modelos durante varios años, lo que al final responde a una selección por intereses y no por méritos.

En Honduras, con el reciente cambio de gobierno, se mantiene la expectativa por la elección de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia y ante la falta de protocolos rigurosos para la selección de estos y otros funcionarios por parte del Congreso Nacional, serán necesarios consensos.

“Con la nueva reconfiguración en el Congreso Nacional hay fuerzas equilibradas porque ningún partido cuenta con mayoría aplastante; sin embargo, el conflicto con las dos nuevas juntas directivas derivó en la elección anticipada del nuevo Procurador General de la República, así como la aprobación de leyes como la de amnistía. Será necesaria la búsqueda de consensos para obtener a los nuevos titulares del Poder Judicial y Ministerio Público”, agregó Juan Carlos Rosales, máster en Derecho Procesal Civil.

Por su parte, Edie Cuz, director Jurídico de Acción Ciudadana, detalló que en el caso de Guatemala “quedan evidenciados estos procesos de elección con una fuerte red de influencia por parte del sector político-económico en la captura del Estado”.

Cuz acotó que “los problemas estructurales es mantener el sistema político y las instituciones de justicia capturados para el enriquecimiento político, siendo una venganza contra aquellos que lucharon contra la corrupción en Guatemala”.

Además, subrayó la importancia de los procesos de elección que deben estar ampliamente establecidos en la Constitución de la República para que los magistrados, fiscales y demás sean profesionales íntegros e idóneos.

Finalmente, Claudia Escobar, especialista jurídica anticorrupción de Guatemala, recomendó mejorar la legislatura, establecer políticas de transparencia, así como parámetros de supervisión y una participación ciudadana que siempre esté vigilante y que eleve las exigencias de los funcionarios públicos. “Defender la independencia jurídica es tarea de todos los ciudadanos”, expresó.

La ASJ realizará próximamente nuevos encuentros de expertos para seguir creando conexiones, compartir experiencias y plantear soluciones a los principales problemas del país.