Tegucigalpa. En el marco del fortalecimiento del espacio cívico y la lucha anticorrupción en entornos hostiles, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI), cerró el pasado martes las jornadas de intercambio de experiencias “Ingredientes para una efectiva defensa de la democracia” con dos espacios de análisis sobre la gran corrupción y la lucha contra el flagelo desde la sociedad civil.

En el panel “Gran corrupción: Pos-Odebrecht – lecciones aprendidas”, los directores de los capítulos de Transparencia Internacional en Brasil, Perú, Venezuela y Colombia, rememoraron la evolución del caso que abarcó más de 30 años y 12 países, donde presidentes, expresidentes y funcionarios recibieron sobornos de la empresa constructora brasileña.

El caso Odebrecht “puso de manifiesto que las redes de corrupción en América Latina trascienden fronteras, nos mostró cómo el financiamiento de la política realmente funciona en nuestros países, nos puso el ojo en las obras públicas y también nos mostró que el uso de paraísos fiscales es fundamental en la cadena de la gran corrupción”, puntualizó Luciana Torchiaro, coordinadora de Transparencia Internacional para Latinoamérica.

“Uno de los puntos más débiles de la región es la cooperación jurídica internacional, lo que implica que estamos tratando de impactar algo con las herramientas equivocadas; otro tema crítico sigue siendo el de financiación de campañas: tenemos que seguir innovando en la manera cómo hacemos control sobre quiénes están detrás de las campañas políticas no solamente financiando, sino ejerciendo una gran cantidad de presión de control que luego se paga con favores, con contratos, con regulaciones favorables, con impunidad”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Por su parte, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, recalcó que “el seguimiento al avance de las investigaciones es clave y que volveríamos a hacer sin duda en el siguiente caso de gran corrupción que se destape en cualquier momento en nuestra región. También trabajaríamos nuevamente en el impulso de las reformas”.

“¿Cómo se calcula el daño a la democracia? Un debate importante es que necesitamos actualizar nuestras normas y leyes con respecto a compensación de víctimas de corrupción”, agregó Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional Brasil.

Expulsión de CICIG y venganza de las élites en Guatemala

Otros retos en la lucha anticorrupción fueron discutidos por exoperadores de justicia y sociedad civil de Guatemala.

Eddie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, reveló cómo las élites económicas han entorpecido la lucha anticorrupción en ese país y en la región, pues “desde tiempos, ya siglos han tenido un dominio político y económico que ha influenciado en el desarrollo de nuestros países, ¿por qué hay tanta desigualdad? El poder que ejercen desde su posición económica en el poder público es inmenso, incluso (la de Guatemala) es de las élites económicas más poderosas de Latinoamérica, que tienen el poder de influenciar incluso a funcionarios estadounidenses, lo hicieron con (el expresidente Donald) Trump para expulsar a la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala)”.

Y añadió que “básicamente su agenda ha sido que se retroceda en la lucha anticorrupción y se resume en puntos específicos: la expulsión de la CICIG y la venganza; el derrumbamiento de las fiscalías del Ministerio Público como venganza en contra de quienes lucharon contra la corrupción y que ahora están en el exilio (funcionarios, operadores de justicia independientes, periodistas, activistas), que ahora están siendo amenazados y perseguidos con ese pacto de sangre que tienes estas élites, incluso con el crimen organizado, para vengarse de quienes los expusieron; seguir haciendo las negociaciones ilícitas y la impunidad”.

Claudia Escobar, abogada y catedrática, sostuvo que “en Guatemala y en el resto de la región se mezclan, existe una alianza criminal entre distintos sectores económicos poderosos: el económico, acostumbrado a evadir la normativa, que no paga impuestos, dedicada o facilita el contrabando y otra que se nutre de tráficos ilícitos y que promueve acciones totalmente ilegales”.

“No me cabe la menor duda que lo que está ocurriendo en Guatemala, existe similitud de condiciones de lo que está viviendo El Salvador, de lo que esperamos se recupere Honduras y de lo que está ocurriendo con acelerador en Nicaragua”, remarcó Juan Francisco Sandoval, operador de justicia en el exilio.

CICIH y lecciones aprendidas en Guatemala

Escobar reflexionó en que, para enfrentar la corrupción “se tiene que recuperar la confianza en las propias instituciones, un trabajo que lleva tiempo, pero en que la ciudadanía se debe involucrar. Que el tema de las cortes, debe interesarles a los ciudadanos”.

Ante la posibilidad de la instalación de la CICIH en Honduras, Cux recomendó “tomar muy en cuenta cuáles fueron los errores y aciertos que se tuvieron en Guatemala y en la misma sociedad guatemalteca y qué cambios pueden profundizarse no solo a nivel de partidos políticos, sino de movimientos sociales que tengan la conciencia de generar los cambios y luchar contra la corrupción”.

“En Honduras en el momento que se avance con un mecanismo, como una eventual Comisión contra la Impunidad, tomar en cuenta qué va pasar con los funcionarios públicos, lo que no se previó en Guatemala. Debe existir una triada: voluntad política, acompañamiento de la sociedad civil y que la Fiscalía pueda tener ‘músculo’, ‘dientes’, para hacer su trabajo y además el empuje de la ciudadanía que respalde la lucha”.

Juan Francisco Sandoval, exoperador de justicia en el exilio

La ASJ realizó el 22 y 23 de agosto, con apoyo de Transparencia Internacional y Viva, diversos paneles y conversatorios en los que participaron además de invitados internacionales, más de 30 organizaciones de sociedad civil, colectivos, activistas de derechos humanos y periodistas hondureños, así como miembros de la cooperación internacional, que trabajan en diferentes regiones del país, quienes conocieron las experiencias y lecciones aprendidas de organizaciones referentes en la protección, promoción de libertades y derechos democráticos en la región.