Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), bajo el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presentaron este miércoles los resultados del proyecto “Fortalecimiento a las capacidades operativas del Ministerio Público y de las instituciones vinculadas en el manejo forestal”.

El proyecto se llevó a cabo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Yoro, La Ceiba, Danlí, Juticalpa y Choluteca, capacitando alrededor de 1,168 estudiantes de educación media y superior para implementar el Plan de Formación en Legislación Forestal y los alcances del AVA FLEGT. Por medio de talleres virtuales, se capacitó a 163 operadores de Seguridad y Justicia del Ministerio Público, Policía Nacional y del Poder Judicial.

La iniciativa del proyecto, como principal objetivo, buscó apoyar el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, gestión, prevención y sanción desde el ámbito de competencias de las instituciones operadoras de justicia, con acciones de formación y la creación de herramientas técnico-legales en materia forestal, en el marco del AVA FLEGT y el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente en esta materia.

Durante el evento, también se presentó la propuesta de Protocolo de Auditoría Forestal, el Manual de Valoración Económica del Daño Forestal y el Manual para la Promoción de la Responsabilidad Civil Ambiental, desarrollados en el marco del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) entre Honduras y la Unión Europea, con la finalidad de fortalecer la gobernanza forestal, abordar la tala ilegal y la promoción del comercio de madera legal.

Dichas herramientas, pretenden facilitar a las instituciones herramientas para verificar la legalidad de las operaciones y productos forestales en una forma ordenada, proveer una estructura metodológica para valorar ecológica y económicamente los daños ambientales y facilitar el acceso al conocimiento y conceptos elementales sobre responsabilidad civil ambiental.

Asimismo, las propuestas contribuyen a generar informes de auditorías e inspecciones que sirvan para el otorgamiento de licencias en el marco del Sistema para Asegurar la Legalidad de Productos Forestales (SALH) y del AVA FLEG, con apoyo en el cumplimiento de la Ley de Honduras y lo expresado en su nuevo código penal, al valorar los “delitos ambientales”; y facilitar la persecución de la responsabilidad civil ambiental por medio del ejercicio de la acción civil en el sistema de justicia.

A lo largo del proyecto, se hizo énfasis en la necesidad de implementar protocolos y regulaciones certificadas en la tala, a modo de hacer un uso responsable y comprometido con el medio ambiente. Así como, continuar exponiendo las fuertes problemáticas ambientales que enfrenta Honduras y proporcionar información para valorar y adoptar una decisión jurídico institucional, para la validación, mejora y optimización de la industrialización de productos forestales.