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• La Dirección de investigación e inteligencia mantiene en 2026 la misma asignación de 215 millones de lempiras que tuvo en 2025, y el Ministerio Público aparece sin fondos del fideicomiso
• La Secretaría de Defensa Nacional aumentó en 81 % su asignación de la tasa en un año

Tegucigalpa, 10 de noviembre de 2026. Más de la mitad de los 5.882 millones de lempiras aprobados para la Tasa de Seguridad Poblacional en 2026 se destina a alimentos y alquiler de vehículos, mientras la investigación criminal recibe apenas 4 de cada 100 lempiras, según un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) elaborado con base en los reportes de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

En 2025, el gasto en alimentos y alquiler de vehículos superó el 60 % del presupuesto de la tasa, con 1.925 millones de lempiras destinados a alimentos y 1.242 millones al alquiler de vehículos. Para 2026, el rubro de alimentos subió a 2.271 millones y, aunque el alquiler de vehículos bajó a 722 millones, ambos conceptos siguen representando poco más de la mitad de lo asignado.

La Dirección de investigación e inteligencia, en cambio, se mantiene con 215 millones de lempiras en ambos años, una cifra que no ha variado pese al crecimiento de la recaudación. A esto se suma que el Ministerio Público, institución responsable de la persecución penal, aparece sin asignación en la distribución de fondos de 2026, aunque el artículo 32 de la Ley de Seguridad Poblacional lo incluye entre las instituciones beneficiarias del fideicomiso.

La Secretaría de Seguridad concentra casi la mitad de los recursos de la tasa en 2026, con cerca de 2.900 millones de lempiras, un 4 % más que el año anterior. El mayor salto lo registra la Secretaría de Defensa Nacional, cuya asignación pasó de 742 millones en 2025 a 1.344 millones en 2026, un incremento de 81 % en un solo año, con lo que entre ambas secretarías concentran el 72,1 % del presupuesto de la tasa. Les siguen el Instituto Nacional Penitenciario con 698 millones y el pago de deuda pública con 612 millones. Para ASJ, esta distribución se aleja de la finalidad original de la ley, que en su artículo 1 establece el fortalecimiento de los operadores de justicia para combatir las amenazas a la convivencia pacífica y la seguridad de las personas.

“Quince años después de su creación como una contribución temporal, la Tasa de Seguridad sigue financiando comida y vehículos en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para investigar y llevar a juicio a quienes cometen delitos. Mientras la investigación criminal reciba cuatro centavos de cada lempira y el Ministerio Público quede fuera, será difícil romper el ciclo de impunidad”, señaló Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de ASJ.

La tasa se financia con contribuciones que paga toda la población a través de retiros y depósitos bancarios (0,2 %), telefonía móvil (1 %) y comidas rápidas (0,5 %), además de aportes de sectores específicos como la minería, los casinos y el sector cooperativo. Entre 2012 y 2021 se recaudaron 22.055 millones de lempiras, con un promedio anual de 2.205 millones, mientras que entre 2022 y 2025 la recaudación alcanzó 18.412 millones, con un promedio anual de 4.603 millones, un aumento de 109 % respecto a la década anterior. A septiembre de 2026 se habían recaudado otros 4.908 millones, con lo que el total acumulado desde 2012 asciende a 45.375 millones de lempiras.

Al 30 de septiembre de 2026, la ejecución del presupuesto de la tasa alcanzaba el 74,6 %, aunque instituciones como la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) y la Secretaría de Asuntos de la Mujer apenas habían ejecutado el 6,8 % y el 3,7 % de sus asignaciones, respectivamente. El análisis identifica además una deuda asociada a la tasa de unos 1.200 millones de lempiras con cinco bancos, y la suma de pagos acumulados y saldos pendientes por estos préstamos supera los 3.000 millones de lempiras.

La Tasa de Seguridad fue creada mediante el Decreto Legislativo 105-2011, publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de julio de 2011, con carácter temporal, y su ley ordena que los fondos sean administrados por un fideicomiso con representantes del Estado, el sector empresarial y la sociedad civil como garantía de su buen uso. Sin embargo, la última actualización de la sección de compras del Comité Técnico del Fideicomiso en el Portal Único de Transparencia data del 8 de abril de 2022 y solo contiene información hasta diciembre de 2021.

Ante estos hallazgos, ASJ exige mayor transparencia y rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos, incluyendo las contrataciones, las obligaciones financieras y los resultados alcanzados. La organización considera indispensable que el crecimiento sostenido de la recaudación se traduzca en mejoras verificables en la prevención del delito, la investigación criminal y la reducción de la impunidad.