La Coalición por la restitución de derechos de la niñez en conflicto con la ley y el Mecanismo Nacional de Prevención de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes (MNP-CONAPREV), comprometidos por la defensa de los derechos de las niñas y los niños en conflicto con la ley, ante la ausencia de respuesta eficaz del gobierno sobre la falta de presupuesto para el Instituto Nacional de Menores Infractores (INAMI) para cumplir de forma debida con las obligaciones de protección, alimentación, atención, educación y salud de niñas y niños en conflicto con la ley; se pronuncia en los siguiente términos:
- El Instituto Nacional de Menores Infractores (INAMI) no ha recibido a la fecha los treinta y tres millones de lempiras (L 33,000,000.00) correspondientes al último trimestre de 2021 para garantizar su actividad operativa y cumplimiento de obligaciones ante las niñas y niños en conflicto con la ley, trayendo como consecuencia a la fecha dos meses de mora en el pago del servicio de alimentos de las niñas y niños bajo su custodia, un mes de mora en el pago de sueldos del personal responsable del cuidado y atención de las niñas y los niños privados de libertad y el corte del servicio de energía eléctrica en el Centro Pedagógico El Carmen en San Pedro Sula en el que se alojan 30 niños y jóvenes, conllevando problemas para el bombeo del agua y sistema de seguridad y con ello, riesgos en su salud y protección; igualmente, mora en otros servicios requeridos para el funcionamiento del INAMI como energía eléctrica, alquileres y combustible. Situación que hace latente la suspensión de esos servicios y bienes, además de los insumos para procesos educativos y sanitarios, entre otros; propiciándose condiciones que podrían concluir en violencia con resultados de muerte, dada la historia de violencia extrema en los centros cuando se conjugan algunos de estos aspectos.
- La Coalición, en aras de comprender el problema existente y aportar soluciones, ha realizado consultas mediante el Portal de Transparencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), obteniendo la información siguiente:
- El INAMI recibe treinta y tres millones de lempiras (L 33,000,000.00) trimestrales del fideicomiso del Fondo de Seguridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, coordinado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN); este fondo se alimenta en parte, de las comisiones percibidas por la venta de lotería electrónica LOTO, razón por la que el PANI recibe las transferencias y realiza los desembolsos de conformidad a las autorizaciones emitidas por el Comité del Fideicomiso citado a las diferentes instituciones ejecutoras, incluido el INAMI.
- El 29 de octubre de 2021 se emitió el Decreto PCM-121-2021 que establece que el PANI debe trasladar al Fideicomiso del Fondo de Seguridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza hasta sesenta millones de lempiras (L 60,000,000.00) para ser desembolsados en noviembre del año fiscal 2021 a favor del Programa Nacional de Alimentación Escolar de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
- En el marco del citado Decreto PCM 121-2021, el Comité del Fideicomiso del Fondo de Seguridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza solicitó al PANI la transferencia de cincuenta y cuatro millones de lempiras (L 54,000,000.00) para ser desembolsados al Programa Nacional de Alimentación Escolar de la SEDIS, lo que el PANI realizó en el mes de noviembre de 2021 mediante dos cheques (17 y 23 de noviembre de 2021). Estos desembolsos imposibilitaron la última transferencia de 2021 al INAMI, aunque el Decreto PCM 121-2021 no modificó o canceló las transferencias que le corresponden, de conformidad al Decreto PCM-61-2017.
- El PANI ha ejecutado el 100% del presupuesto de 2021 por lo que materialmente, no es posible realizar con los fondos del referido fideicomiso la transferencia al INAMI que correspondían al último trimestre de 2021.
En virtud de lo anterior, instamos al Ministerio Público a fin que analice si procede la apertura de una investigación criminal con el objetivo de establecer la existencia de responsabilidad penal en los hechos descritos en este apartado.
- que el inicio de un nuevo gobierno representa, máxime en el contexto actual y no obstante estos antecedentes lamentables que originaron el problema; hoy el gobierno de la República debe actuar ágilmente para evitar una potencial situación de mayor gravedad que afecte a las niñas y los niños en conflicto con la ley, y que comprometa el rol de garante de protección que el Estado de Honduras tiene por mandato constitucional, por lo que demandamos se priorice una respuesta eficaz asegurando los fondos necesarios y suficientes para que el INAMI cumpla con las obligaciones de atención, protección e implementación de procesos de reinserción social de las niñas y los niños en conflicto con la ley.
Tegucigalpa, M.D.C.; 07 de marzo de 2022.
Coalición por la restitución de derechos de la niñez en conflicto con la ley
