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En cumplimiento de la Constitución de la República (Artículos 5, 45, 80, y 321 al 327), la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal y el Mecanismo Simplificado de Licenciamiento Ambiental (Artículos 4, 5 y 6), la Coalición Ambiental de Honduras (COAH), como red de organizaciones de sociedad civil, comunidades y defensores de los bienes comunes y de la biodiversidad, expresa su profunda preocupación y desacuerdo con el contenido y la forma en que se ha propuesto el proyecto de “Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental”, actualmente en agenda legislativa y sujeto a aprobación por el Congreso Nacional.

Consideramos que la aprobación de esta ley iría en contra de las promesas y el discurso de las autoridades del presente gobierno respecto al cuidado del medio ambiente; asimismo, consideramos que el proceso no ha respetado los principios de consulta previa, libre e informada con las comunidades, pueblos indígenas, sectores ambientalistas, técnicos independientes y actores directamente afectados.

La aprobación de esta ley constituiría un ecocidio legalizado, la manera en que está redactada permite la emisión de licencias ambientales de forma acelerada, simplificada y sin estudios rigurosos, poniendo en grave riesgo los ecosistemas más frágiles del país y favoreciendo intereses particulares. El modelo extractivo históricamente solo ha generado desplazamiento forzado, contaminación de los ríos, daños severos a los recursos naturales, ha empobrecido a las comunidades locales y es una de las principales causas del asesinato de los defensores ambientales; asimismo, ha provocado que Honduras esté catalogado entre los países más peligrosos del mundo para la defensa del ambiente.

En ese sentido, hacemos un llamado firme y categórico a:

1. La Presidencia del Congreso Nacional: A detener esta propuesta de forma inmediata y a demostrar coherencia administrativa y legal con los compromisos internacionales y la conservación de la biodiversidad del país. Legislen para el pueblo y no para intereses particulares.
   
   
2. Al gobierno de Honduras:
   • A garantizar el Estado de Derecho para las comunidades y los defensores ambientales. Defender la vida, el agua, los bosques y la fauna no debe costar la vida.
   • La solución no está en acortar los procesos de análisis, sino en hacer más eficiente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), dotándola de los recursos necesarios para que cumpla su función.
     
     
3. A la ciudadanía consciente: A mantenerse vigilante frente a este intento de abuso ambiental legalizado. No se puede permitir que sigan legislando a espaldas del pueblo. La sociedad debe tener voz y voto en el destino de su territorio y su ambiente.

Advertimos que la aprobación de esta ley será una irresponsabilidad ambiental histórica, que dejará al Congreso Nacional marcado como facilitador de un daño ambiental de dimensiones incalculables en la historia forestal, de áreas protegidas y vida silvestre del país, que sumado al alto índice de impunidad de delitos ambientales (94%) perpetúan la injusticia de crímenes ambientales en Honduras.

Reafirmamos nuestra apertura para ejercer nuestro derecho de participación ciudadana. Solo con el respeto al conocimiento colectivo se podrá construir una legislación ambiental que respete la vida, la dignidad, la justicia y el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano.