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• La asignación para sueldos y salarios aumentó en más de L 9,600 millones, sin garantías de mejora en la calidad de los servicios públicos.
• Se continúa con rezagos en indicadores clave, como reflejo de la limitada efectividad del Presupuesto General.

Tegucigalpa, 15 de enero 2026. La priorización y ejecución del Presupuesto General de la República 2025 no respondieron a las principales necesidades de la población hondureña, pese a un crecimiento sostenido del gasto público y a mayores niveles de endeudamiento, advirtió este jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) durante la presentación de su monitoreo ciudadano a la ejecución presupuestaria al cierre del año.

Entre 2021 y 2025, el presupuesto general aumentó en un 49 % y la planilla del Estado alcanzó los 250,475 empleados públicos; sin embargo, sectores clave como salud, educación y seguridad continúan sin mostrar mejoras sustantivas en la calidad y cobertura de los servicios que recibe la ciudadanía.

El análisis de ASJ revela que el 88 % del presupuesto se concentró en gasto rígido —sueldos y salarios, servicio de la deuda, transferencias y otros gastos corrientes— y que el 81 % de los recursos se ejecutaron en apenas 16 de las 113 instituciones públicas. Del total aprobado de L 430,908 millones, L 113,815 millones se destinaron a salarios, lo que representó un incremento superior a L 9,600 millones, sin garantías de mejora en la calidad de los servicios públicos.

Los mayores aumentos en asignaciones de sueldos y salarios se registraron en la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Consejo Nacional Electoral (CNE), Secretaría de Seguridad, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de la Presidencia.

Asimismo, ASJ identificó un incremento de 91.6 % en el presupuesto destinado a bonos y transferencias monetarias, equivalente a L 3,269 millones, de los cuales L 763.9 millones provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El capítulo hondureño de Transparencia Internacional alertó sobre riesgos de uso discrecional de estos fondos, en un contexto marcado por señalamientos públicos de prácticas clientelares en el marco del proceso electoral.

En contraste con las necesidades urgentes de la población, el gasto en publicidad y propaganda se duplicó en 2025, alcanzando L 1,236.4 millones, recursos que —según estimaciones de ASJ— habrían permitido incrementar en un 67 % el presupuesto para medicamentos.

Aunque la ejecución global del presupuesto fue del 90 %, la inversión pública continúa rezagada, con una ejecución de apenas 70 % en bienes capitalizables. Persisten además marcadas desigualdades entre instituciones: mientras algunas concentraron altos niveles de ejecución en los últimos meses del año, otras vinculadas a agua, saneamiento, vivienda y desarrollo productivo mostraron desempeños por debajo del 62 %.

Particular preocupación genera el sector salud. Una veeduría de ASJ evidenció que 51 % de los pacientes recibe su tratamiento incompleto o no lo recibe. No obstante, en 2025 se registró una reducción presupuestaria de L 190 millones en salud y de L 373 millones en vacunas.

En educación, con más de un millón de niñas, niños y adolescentes excluidos del sistema educativo, un programa clave como “Matrícula gratis” registró 0 % de ejecución y la compra de textos escolares apenas 0.1 %.

Ante este panorama, ASJ reiteró la necesidad de fortalecer la planificación presupuestaria para que la asignación de recursos responda a prioridades nacionales sustentadas en evidencia técnica y no a intereses políticos partidarios. Asimismo, llamó a reforzar la rendición de cuentas orientada a resultados y a impulsar una transformación del sector público que racionalice el gasto y garantice servicios efectivos para la población hondureña.