- Garantizar la transparencia, el derecho a la defensa por parte del colaborador, es otra sugerencia que hacen expertos de Brasil, Guatemala y Perú.
Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), desarrolló este miércoles el webinar “Experiencias aprendidas en la región sobre la Ley de colaboración eficaz”, en el marco de la aprobación de esta ley en Honduras, como mecanismo para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
En el conversatorio virtual participaron: Camila Ugaz, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú; Edie Cux, director ejecutivo de Acción Ciudadana de Guatemala, Samantha Dobrowolski, fiscal general adjunta del Ministerio Público federal de Brasil, y Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de la ASJ.
La ley de Colaboración Eficaz, es un tema que quedó pendiente en Honduras después de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y “estamos (en este encuentro) queriendo aportar desde diferentes áreas, desde diferentes experiencias… desde visiones multidisciplinarias”, ya que “es un proyecto que tiene buenas iniciativas e intenciones. Hay una innovación, y es que contempla la protección de colaboradores y familias… que es un buen punto de partida”, indicó Lester Ramírez.
En ese sentido, los expertos coincidieron que un factor clave para el éxito de esta ley es la independencia de los poderes, sobretodo del Poder Judicial, que los colaboradores tengan una defensa adecuada y haya transparencia y ética del Estado en el proceso. Que exista un canal de diálogo estatal efectivo, se fortalezca la confidencialidad, ampliación de delitos en cuanto al contexto nacional y regional, protección del colaborador, entre otros factores.
De acuerdo con Samantha Dobrowolski, en Brasil una experiencia interesante fue la creación de una Comisión Permanente de Asesoramiento y Clemencia de Colaboración Premiada, porque en ese país no tienen la responsabilidad criminal de la persona jurídica, pero en crímenes de corrupción se encuentran empresas, personas físicas, particulares y funcionarios del Estado, quizás mandatarios y gobernantes de alto grado y por ello, en otros países, puede ser necesario pensar en un canal de diálogo estatal que pueda fortalecer las soluciones prácticas que la legislación no da cuentas de prever.
Por su parte, Camila Ugaz, mencionó que en Perú esta Ley, gracias a la obtención de medios probatorios, ha servido en la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, con la desarticulación y procesamiento de estas bandas y sus cabecillas, el claro ejemplo Alberto Fujimori y Vladimiro Montecinos. Sin embargo, tiene varias debilidades como: la no diferenciación entre el aspirante a colaborador eficaz y el colaborador eficaz, corroborar el testimonio de un colaborador con otro colaborador, también el tema de los plazos- procesos se dilatan demasiado tiempo- y también la no obligatoriedad del defensor del colaborador, debilidad que también se encuentra en el proyecto de Honduras.
Mientras que Edie Cux, mencionó que en Guatemala ha sido una herramienta trascendental para desarticular redes criminales de corrupción y narcotráfico, y que recoge recomendaciones de la Convención de Palermo. Agregó que es necesario que la institucionalidad se fortalezca, ya que se han dado ataques en contra de colaboradores eficaces por la falta de independencia fiscal y judicial. Además, debe haber objetividad para llevar los procesos bajo esta legislación, de lo contrario, la justicia puede ser instrumentalizada para promover la impunidad.
“Desde sociedad civil hay una responsabilidad muy grande para poder velar acerca de la institucuonalidad de estas figuras, creo que la sociedad civil hondureña no solamente debe velar porque la ley lleve la calidad necesaria. No solo a nivel técnico y legal, que no se violenten derechos. Puede ser una magnifica ley, pero si lleva errores de inconstitucionalidad se caerían todos estos esfuerzos que se han hecho desde hace años y que señalar esas posibles inconstitucionalidades es clave”, subrayó Cux.
Se concluyó que para que en Honduras esta Ley tenga éxito, es necesario que exista ética estatal, así como de los abogados, determinar presupuestos para proteger a colaboradores, fortalecer la institucionalidad y hacer una evaluación sobre las capacidades operativas de las instituciones que llevarán a cabo esta herramienta y que Honduras está en el momento justo de elegir las personas idóneas, en el marco de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y evitar que la política incida en la justicia, porque “la ley es el límite del poder”.
