El Presupuesto General de la República 2025 fue aprobado fuera del plazo establecido en la Constitución, en un proceso marcado por la opacidad y la falta de consensos. Aunque la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional realizó una socialización del anteproyecto enviado por el Ejecutivo en septiembre de 2024, este proceso no fue suficientemente receptivo para lograr los consensos necesarios.
Ante esta situación, el Consejo Cívico Fiscal (CCF) se pronuncia en los siguientes términos:
- Se continúa con prácticas parlamentarias antidemocráticas. La aprobación se dio en un contexto de opacidad, en la madrugada y con un número mínimo de diputados suficiente para tener quorum y así alcanzar mayoría simple. Se recurrió nuevamente a la dispensa de debates, limitando el análisis y la discusión pública, una práctica que socava la rendición de cuentas.
- No se aceptaron la mayoría de las observaciones realizadas que hacían énfasis en la necesidad de priorizar los recursos que beneficien a la población más vulnerable, que potencien la inversión productiva y la eliminación de gastos innecesarios.
- Se incluyen disposiciones presupuestarias adicionales al anteproyecto, que contribuyen al clientelismo político y que favorecen intereses particulares, entre ellas: L 950 millones para proyectos de infraestructura menor y obras sociales sin criterios claros de asignación.
- Modificación de los techos para contrataciones públicas, aumentando la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
- Sobreestimación del financiamiento. Se proyectan L 45,657 millones en financiamiento en la Administración Central, mediante endeudamiento, de los cuales el 71% no tiene una fuente identificada, lo que representa un alto riesgo para el cumplimiento de metas fiscales y programáticas.
- No existe una estrategia clara para atender la deuda flotante con contratistas y proveedores del Estado. Tampoco se han definido mecanismos para la devolución de impuestos pagados en exceso en años anteriores, generando incertidumbre en el sector productivo.
- Es fundamental garantizar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reciba los fondos necesarios de manera oportuna, asegurando así un proceso electoral transparente, confiable y con estándares adecuados de legitimidad.
El CCF exige:
- Que se tomen medidas correctivas que reorienten el presupuesto a las prioridades del país, promoviendo una distribución equitativa de los recursos, garantizando que estos se utilicen de manera eficiente donde tengan mayor impacto conforme a las necesidades de la población hondureña.
- Que no se continúe endeudando el país para gasto corriente y que se establezca un plan para alcanzar en el mediano plazo el equilibrio fiscal de largo plazo.
- Cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, en el sentido de implementar evaluaciones por resultados e impacto de la ejecución del presupuesto de forma trimestral las cuales se deberán publicar periódicamente; a fin de potenciar la mejora en la ejecucion, la transparencia y rendición de cuentas.
Tegucigalpa M.D.C., 3 de marzo de 2025.
Consejo Cívico Fiscal (CCF)
