Pese a muchos esfuerzos de distintos actores, incluyendo la sociedad civil, la corrupción se resiste a ceder. Los abusos de poder, la opacidad y discrecionalidad en el manejo de fondos del Estado han permitido que este flagelo no pierda fuerza, provocando violaciones de derechos humanos y sociales en  ámbitos que van desde la educación hasta la salud. Para que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan, urge fortalecer las instituciones, garantizar espacios de participación ciudadana y el respeto a los defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.