En Honduras, la deforestación y los incendios forestales han aumentado en forma descontrolada y alarmante en los últimos años, poniendo en riesgo áreas protegidas y ecosistemas clave. Entre 2015 y 2024, los incendios se incrementaron en un 114.62 %[1], registrando 3,170 incendios en 2024, mientras que la pérdida neta de cobertura forestal superó, en promedio, las 50 mil hectáreas anuales entre 2013 y 2021 y el 97% de los delitos ambientales queda en la impunidad (2023). Estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer la gestión ambiental y adoptar medidas efectivas para frenar esta crisis.

Las principales causas de esta crisis ambiental incluyen la ganadería extensiva, la tala ilegal e incontrolada y los incendios forestales. Estas actividades han generado pérdidas irreparables en biodiversidad, suelos, recursos hídricos y conectividad ecológica, además de afectar la economía, el turismo y la seguridad alimentaria en Honduras. Ante esta realidad, la Coalición Ambiental de Honduras propone las siguientes medidas urgentes para fortalecer la gestión forestal y reducir los incendios:

Diseñar e implementar un Plan de Protección Forestal, garantizando;

1. Fortalecer la participación ciudadana mediante la integración activa de las municipalidades y el empoderamiento de comunidades y mujeres. Implementar acciones preventivas contra incendios, establecer un programa permanente de capacitación en control y combate de incendios, y fomentar la generación de empleo en las zonas de mayor riesgo.
   
2. Promover la creación, protección y conservación de corredores biológicos y reservas privadas, garantizando los incentivos establecidos en la ley y sus reglamentos especiales. Capacitar de manera continua a los comités de prevención, control y combate de incendios para una respuesta más efectiva.
   
3. Implementar una estrategia preventiva basada en la recolección y aprovechamiento sostenible de residuos forestales, reduciendo el material propenso a incendios en los bosques.
   
4. Impulsar incentivos económicos para fomentar la conservación forestal y la reforestación, aplicando técnicas adaptadas a las condiciones climáticas locales para garantizar su efectividad.
   
5. Poner en marcha un Plan Nacional de Reforestación en áreas deforestadas con vocación forestal, involucrando a las comunidades, especialmente a las mujeres, para mejorar sus medios de vida.
   
6. Fortalecer el Instituto de Conservación Forestal (ICF), reforzando las Oficinas Regionales y Locales priorizando la protección de áreas protegidas. Implementar la Unidad Especializada de Guardias Forestales[1], conforme a la Ley Forestal, para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, madera preciosa y otros recursos obtenidos ilegalmente.
   
7. Garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos destinados a la protección forestal, promoviendo la rendición de cuentas y el apoyo de organizaciones internacionales y fortalecer la credibilidad administrativa forestal.
   
8. Exigimos a la Presidente de la Republica el nombramiento de las autoridades del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), en cumplimiento de la Ley Forestal. Es urgente designar los dos subdirectores (de Desarrollo Forestal y de Áreas Protegidas y Vida Silvestre) ausentes en los últimos tres años, ante el incremento de la crisis ambiental y la ausencia de liderazgo técnico en la gestión forestal, sobre todo considerando el incremento de incendios forestales y las amenazas a las áreas protegidas.

Es urgente que el gobierno implemente estrategias efectivas y sostenibles para enfrentar la crisis de los incendios forestales, un problema que no ha sido controlado en los últimos 50 años. La conservación de los bosques es fundamental no solo para proteger la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino también para garantizar la seguridad hídrica, la estabilidad climática y el bienestar de las futuras generaciones.