Getting your Trinity Audio player ready...

Tegucigalpa, 23 de enero de 2026. Honduras enfrenta una crisis profunda y urgente: es uno de países más peligroso del mundo para las personas defensoras del medio ambiente. Según Global Witness, en 2022, registró el mayor número de asesinatos per cápita de defensores ambientales a nivel global, una estadística que no solo refleja números, sino vidas interrumpidas, comunidades desprotegidas y ecosistemas en peligro inminente.

En este contexto, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, rescata la historia de María Enriqueta Matute, lideresa indígena tolupán asesinada el 25 de agosto de 2013 en San Francisco de Locomapa, Yoro, mientras defendía, de forma pacífica, el bosque y el territorio ancestral de su pueblo.

María Enriqueta Matute nació en 1942 en el seno del pueblo tolupán y se convirtió, con los años, en una de las figuras más respetadas de su comunidad. Fue reconocida por su firmeza en asambleas indígenas y su liderazgo en la defensa del bosque frente a la tala ilegal y la minería de antimonio impulsadas sin consulta previa en territorios ancestrales.

Como mujer indígena, adulta mayor y lideresa comunitaria, María Enriqueta representó una voz central en la resistencia pacífica del pueblo tolupán. Participó activamente en protestas pacíficas, bloqueos comunitarios, denuncias ante la Fiscalía de Etnias y en procesos de organización local para frenar la explotación maderera y minera. Fue integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización que acompaña a comunidades indígenas en sus procesos de defensa territorial y exigencia de derechos.

El asesinato que marcó a Locomapa

El 25 de agosto de 2013, María Enriqueta Matute fue asesinada a tiros mientras participaba en una acción de protesta pacífica en defensa del territorio tolupán. Testimonios y registros del caso indican que dos hombres armados en motocicleta la persiguieron y dispararon contra ella. En el mismo ataque también fueron asesinados los defensores Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez.

Los hechos ocurrieron en un contexto de amenazas previas, criminalización de liderazgos comunitarios y una ausencia sistemática de protección estatal, pese a las reiteradas alertas de riesgo existentes en la zona. El crimen sacudió a las comunidades tolupanas y evidenció el nivel de vulnerabilidad en el que ejercían su labor las personas defensoras del ambiente.

Una justicia inconclusa

A más de 11 años del asesinato de María Enriqueta Matute, el proceso judicial continúa marcado por avances parciales y graves vacíos de investigación. En 2018, Carlos Roberto Luque Varela fue condenado a 45 años de prisión como uno de los autores materiales del crimen; sin embargo, ese mismo año logró fugarse del centro penitenciario y posteriormente fue asesinado, sin que se esclarecieran las circunstancias de su evasión ni las responsabilidades institucionales que la permitieron.

Por su parte, el segundo señalado como presunto autor material fue absuelto en 2020, decisión que dejó sin sanción a uno de los responsables directos. Hasta la fecha, no se ha investigado la autoría intelectual del crimen ni las posibles redes empresariales, políticas o criminales vinculadas a la explotación maderera y minera denunciada por la comunidad. El caso permanece pendiente de un fallo de casación en la Corte Suprema de Justicia, prolongando la incertidumbre para las familias y consolidando un escenario de impunidad.

Un legado que sigue vigente

La muerte de María Enriqueta Matute se convirtió en símbolo de la resistencia indígena y ambiental en Honduras y visibilizó la especial vulnerabilidad de las mujeres indígenas defensoras del territorio. Su caso motivó la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a otros defensores tolupanes y continúa siendo un referente en la lucha contra la impunidad en crímenes ambientales.

La historia de María Enriqueta Matute se convierte en un caso emblemático de Guardianes Silenciados, una iniciativa impulsada por ASJ que documenta y analiza asesinatos de personas defensoras del ambiente para identificar patrones de violencia, exponer fallas estructurales y exigir justicia. La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Justicia ambiental y protección a defensores ambientales”, con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, reafirmando el compromiso internacional con la defensa de los derechos humanos y ambientales en Honduras.

La memoria de María Enriqueta Matute representa hoy la lucha de los pueblos indígenas por el respeto a su territorio, su autodeterminación y su derecho a defender el ambiente sin temor a represalias. Recordar su historia no es solo un ejercicio de memoria, sino un llamado urgente al Estado hondureño para que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición, y para que proteger la vida de quienes defienden el bosque deje de ser una deuda pendiente.

La iniciativa Guardianes Silenciados continuará visibilizando las historias de quienes entregaron su vida por una Honduras más justa, más verde y más segura.