• El BCIE proporciona casi la mitad de la financiación necesaria para proyectos de gran escala en los países de la región.
• El análisis de la gestión del BCIE es impulsado por los capítulos de Transparencia Internacional en Honduras (ASJ), El Salvador (Funde) y Guatemala (Acción Ciudadana).
Tegucigalpa. En un evento público realizado hoy en la capital hondureña, fueron presentados los resultados de un análisis sobre la gestión de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y su destino, gracias a una iniciativa promovida por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y Acción Ciudadana, capítulos nacionales de Transparencia Internacional en Honduras, El Salvador y Guatemala, respectivamente.
El análisis presentado se deriva de una investigación llevada a cabo por la red global de periodistas de investigación, Organized Crime and Corruption Reporting (OCCRP), quien junto a periodistas de Columbia Journalism Investigations, una unidad de periodismo de investigación de la Escuela de Periodismo de Columbia, y miembros del proyecto colaborativo de Periodismo Centroamericano de Redacción Regional, mediante una serie de investigaciones periodísticas revelaron debilidades en la gestión del BCIE en el otorgamiento de préstamos de inversión, préstamos destinados a financiar políticas públicas, financiamientos a proyectos con impactos ambientales y sociales negativos, así como prácticas de nepotismo en esa institución financiera multilateral.
Las investigaciones revelan que el BCIE ha sido criticado por financiar a gobiernos autoritarios en Centroamérica, facilitando abusos contra los derechos humanos.
En el caso de Honduras, se observó poca diligencia por parte del BCIE antes de otorgar un préstamo de $24.4 millones para la represa de Agua Zarca, ignorando señales de alerta. En Guatemala, se ofrecieron sobornos a un director del BCIE para obtener condiciones favorables para un préstamo a Odebrecht, y el dinero del préstamo se usó para sobornar a políticos.
Por su parte, en El Salvador, $200 millones destinados a apoyar pequeñas empresas durante la pandemia se desviaron para financiar el plan de Bitcoin como moneda nacional.
Actualmente el BCIE representa casi la mitad de la financiación para el desarrollo de la región y desempeña un papel crucial en la provisión de fondos para proyectos de gran magnitud, que sin este financiamiento tuviese bajas o nulas oportunidades de realización.
Ante la falta de transparencia en las gestiones del BCIE, las organizaciones de sociedad civil de la región centroamericana, coincidieron en la necesidad de crear mecanismos de seguimiento que evidencien la intención de incumplir los procedimientos del BCIE, dejar de apoyar proyectos con objetivos ambiguos y fortalecer los mecanismos de auditoría e investigación.
En el evento, se contó con la participación de Luciana Torchiaro, consejera regional de Transparencia Internacional; Jonny Wrate, periodista de OCCRP; Fernando Silva, periodista de Contracorriente – Honduras; Cesar Vega, investigador principal de Acción Ciudadana; Jessica Estrada, directora de transparencia de Funde; Juan Carlos Aguilar, director de democracia y transparencia de ASJ; y Rennie Valladares, jefe de la oficina de integridad y cumplimiento del BCIE.
