- Contratos amañados, millonarias pérdidas, falta de transparencia y altas tarifas son algunas de las denuncias públicas realizadas por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional.
Durante más de una década, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha denunciado públicamente irregularidades en el subsector eléctrico y ha presentado recomendaciones para que los hondureños puedan acceder a mejores servicios de energía, más barata y bajo procesos más transparentes.
Desde la sociedad civil organizada, ASJ ha señalado la necesidad de revertir las millonarias pérdidas de energía que hoy representan un agujero negro en las finanzas del Estado hondureño, que sigue destinando importantes fondos que podrían invertirse en salud, educación y seguridad en beneficio de la población más vulnerable.
En el año 2014, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional denunció la aprobación irregular de 23 contratos de generación de energía solar a 21 empresas, por parte del Congreso Nacional. En promedio, estas empresas fueron creadas nueve meses antes de ser contratadas por la ENEE y 17 de ellas fueron vendidas entre cinco y 15 meses después de recibir los contratos.
Y aunque, en teoría, la energía solar iba a traer beneficios, los contratos estaban plagados de irregularidades, comprometiendo al Estado a pagar precios sobrevalorados por 20 años.
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En 2020, ASJ realizó una auditoría social a la ENEE, a raíz de la cual presentó dos informes públicos sobre la situación crítica de la estatal eléctrica. Dichos reportes evidenciaron diversas irregularidades en contratos perjudiciales para las finanzas de la empresa y el Estado hondureño.
En un primer reporte, la ASJ develó irregularidades en el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), a la cual el Estado pagaba L 3,150 millones anuales para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, entre otros objetivos; sin embargo, año con año las pérdidas eléctricas registraron un incremento, al igual que las quejas por mal servicio y cobros excesivos.
En la segunda entrega, la organización no gubernamental informó sobre la suscripción de contratos bajo condiciones beneficiosas para empresas generadoras de energía. En al menos uno de los casos, la Junta de Licitación recomendó no adjudicar; sin embargo, la Junta Directiva de la ENEE decidió dejar en suspenso el proceso, aunque la figura no existe bajo la ley, y adjudicó el contrato un año después con la aprobación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
A partir de los hallazgos, ASJ presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) con 34 líneas de investigación, desde abuso de autoridad, colusión con el tema de las licitaciones amañadas y firmas de contratos onerosos que le cuestan al país cantidades millonarias.
ASJ ha realizado continuos llamados a las administraciones públicas para evitar negociaciones dañinas para los hondureños, procesos de contratación acelerados con pocos y los mismos oferentes, contratos leoninos con extensiones y múltiples adendums que siempre favorecen a las empresas y cuyo cumplimiento al final, nadie supervisa.
Incluso, previo a las elecciones generales de 2021, la organización pidió a los candidatos presidenciales compromiso para buscar soluciones inmediatas a situación del sector eléctrico, mediante soluciones reales y sostenibles a crisis de la ENEE.
Ese año, de acuerdo con otra denuncia de ASJ, la ENEE perdió más de 33 mil 300 millones de lempiras (USD 1,384 millones), dinero que pudo haber sido utilizado para la construcción de casi 43 mil aulas de clase en todo el país o generar más de 348 mil empleos.
Entonces, se insistió en el perjuicio que las malas decisiones adoptadas por las autoridades han tenido sobre los consumidores finales, quienes en la tarifa pagaban la mitad del costo real de la energía eléctrica y el resto, por medio de impuestos más altos o servicios en salud o educación de menor calidad.
La situación de la ENEE es un problema que Honduras viene arrastrando hace más de 20 años, que empeora cada año y sigue drenando fondos estatales.
Tal es el caso del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), el cual ha recibido 2.6 veces más fondos que lo asignado a la compra de medicamentos en el sistema de salud pública y pese a haber contratado 1,906 empleados, las pérdidas de energía eléctrica en Honduras siguen creciendo y siendo las más altas de Centroamérica, como indica otro informe de ASJ presentado en 2020.
+ Lea el informe «¿Dónde está la energía? Analizando los resultados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas
La investigación más reciente, presentada por ASJ, indica que un polémico contrato de generación de energía térmica fue “revivido” en 2024, bajo el nombre de «Brassavola», con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas.
El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos.
ASJ levanta la voz para denunciar las graves irregularidades que representan una afrenta a la transparencia y un flagrante desprecio por el bienestar del país, por lo que continuará señalando cualquier anomalía que impida a los hondureños lograr un servicio de energía eléctrica confiable, de calidad, accesible y a precios justos, que mejore su calidad de vida y estimule la creación de oportunidades económicas, sigue siendo un reto.
+ Más informes y denuncias de ASJ sobre irregularidades en el subsector eléctrico se encuentran DISPONIBLES AQUÍ.
