- Bajo declaratoria de emergencia, gobierno otorgó en 2008, de forma directa, un contrato de 150 MW a base de carbón a la empresa CECHSA.
- TSC recomendó no aprobar el contrato por no ser adecuado a los intereses de la nación y porque no contribuía a solventar la crisis financiera de la ENEE.
Tegucigalpa, 23 de abril de 2024. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, a través del centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades encontradas en contratos de energía térmica suscritos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La documentación fue entregada ante la Secretaría del MP por Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia y Democracia de ASJ, y demás representantes de la organización de sociedad civil, en la sede de la institución en la colonia Lomas del Guijarro de Tegucigalpa.
ASJ levanta la voz para denunciar las graves irregularidades que representan una afrenta a la transparencia y un flagrante desprecio por el bienestar del país, mientras la crisis en la ENEE sigue siendo el agujero negro en las finanzas públicas, drenando recursos que podrían destinarse a garantizar los derechos a la educación, salud y seguridad de la ciudadanía, principalmente para los más vulnerables.
Tras un análisis meticuloso de los contratos de energía, contrataciones de emergencia y solicitudes de información al Instituto de Acceso a la Información (IAIP), la organización de sociedad civil ha sacado a la luz prácticas corruptas que socavan la estabilidad financiera y ambiental de la nación.
El informe señala que, durante la presidencia de José Manuel Zelaya, se declaró emergencia en el subsector eléctrico, dando paso a contratos directos, incluyendo uno otorgado a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (CECHSA) por 150 MW a base de carbón. A pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, generando un precedente perjudicial.
El contrato con CECHSA, firmado en 2008, estuvo plagado de irregularidades desde su concepción. A pesar de los indicios de sobrecostos significativos, que según el TSC era en exceso de los USD 1,560 millones durante la duración del contrato, este se mantuvo vigente durante años, sin entrar nunca en operación y en 2014 estuvo en proceso de cancelación.
El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos. La entrada en operación de la nueva planta de Villanueva representaría un aumento adicional en la tarifa del usuario final, generando una presión financiera insostenible para la ENEE y el Gobierno.
Ante el hallazgo de estas irregularidades, la ASJ instó al TSC una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales.
Es hora de que las autoridades cumplan con su deber de transparencia y responsabilidad hacia el pueblo hondureño, y que los responsables de estas irregularidades sean llevados ante la justicia.
