Derogar en lo que procede el Código Penal de la Impunidad e introducir reformas para facilitar la intervención ciudadana en la persecución del delito público, fortalecer las penas, definir con precisión las medidas sustitutivas y proteger el derecho a la denuncia, que se investigue y se castigue al corrupto y al corruptor; que se resalte en la sociedad el derecho de la diferenciación premiando la honradez, distinguiendo al ciudadano o ciudadana u operador de justicia ejemplar, y a toda persona que condene con vehemencia al delito.
Leyes a derogar:
1. Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
2. Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida como Ley de Secretos.
3. Ley de Seguridad Poblacional.
4. Determinar la temporalidad de la ley de Policía Militar del Orden Público
5. Reserva de información de MI AMBIENTE, en el que se decretó una reserva de información sobre estudios de carácter técnico contenidos en las solicitudes de licencias ambientales
6. Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales
7. Ley Orgánica del Congreso que genera ahí un régimen autoritario de privilegio oficial sistemáticamente abusado
8. Ley de escuchas
Asegurar el apoyo de las Naciones Unidas y crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción.
Investigación forense a fondo, con extensa participación de ciudadanía organizada, de todos los actos de corrupción y violación a los derechos cometidos por distintos órganos del Estado.
Establecimiento de Ética Pública de Probidad, Integridad y Honestidad.
Reformar la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para fortalecer la intervención ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública nacional.
Potenciar la participación de la sociedad en el control social de la gestión pública.
Auditar todos los fondos públicos, especialmente subsidios, asignados y erogados por la Presidencia de la República y el Congreso Nacional.