Garantizar la vida e integridad física de las niñas y niños privados de libertad pide Coalición por la Restitución de los Derechos de la Niñez en Conflicto

Garantizar la vida e integridad física de las niñas y niños privados de libertad pide Coalición por la Restitución de los Derechos de la Niñez en Conflicto

·  Organizaciones defensoras de la niñez urgen al Estado cambiar enfoque de intervención a situaciones de crisis que hasta ahora ha dejado pobres resultados.

Representantes de las organizaciones que conforman la Coalición por la Restitución de los Derechos de la Niñez en Conflicto con la Ley

Tegucigalpa. Ante la muerte de un estimado de 22 niños bajo el cuidado del Estado en los últimos cinco años, diversas organizaciones conformaron la Coalición por la Restitución de los Derechos de la Niñez en Conflicto con la Ley para exigir al Gobierno de Honduras que garantice la vida e integridad física de las niñas y niños privados de libertad.

Es inaceptable que entre 2014 y 2019, al menos 22 niños privados de libertad murieran al interior de centros estatales, mientras otros 154 escaparon durante motines y enfrentamientos con el personal de seguridad interno y externo. En su mayoría, las muertes han sido producto del enfrentamiento de grupos ilícitos antagónicos que han logrado imponer los códigos pandilleriles y la rivalidad, lo que se afianza con la segregación de los adolescentes según su posible vinculación a una pandilla.

Y es que la problemática que rodea a la niñez en conflicto con la ley, sobre todo la privada de libertad, ha persistido por años, sin que el esfuerzo institucional haya generado resultados distintos en procura de garantizar la protección e integridad de esta población en alto grado de vulnerabilidad. Un hecho notorio ha sido la muerte de cuatro niños en el Centro Pedagógico Renaciendo el pasado 3 de diciembre. Se requiere, en principio, cambiar el enfoque de la solución y actuar con una visión que devuelva la identidad de sujeto de derechos a los niños y niñas, que se reconozca la rehabilitación y no la retribución como el camino para evitar la reincidencia en acciones delictivas y sobre todo que se asegure oportunidades sociales, considerando, también, programas de atención diferenciada e individualizada que obedezca a las características de los niños y niñas y su problemática social, incluyendo su vinculación a una pandilla, la seguridad al interior de los centros desde una perspectiva multidimensional no limitada a seguridad externa, entre otros.

Cabe señalar que, desde hace más de 20 años, órganos promotores de derechos humanos como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado la debilidad de los entes públicos responsables de la protección de la niñez en Honduras, registrado en sus informes periódicos la poca cobertura, recurso humano insuficiente, bajo presupuesto, así como las condiciones inhumanas y degradantes de privación de libertad de la niñez en conflicto con la ley.

Ante la crisis, Casa Alianza de Honduras, World Vision Honduras, Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Kindernorhilfe (KNH), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Cristianos Valientes y Plan International Honduras, han conformado la Coalición por la Restitución de los Derechos de Niñez en conflicto con la ley, para contribuir a solucionar la preocupante situación a través de propuestas, investigaciones, incidencia y vigilancia de las medidas adoptadas por el Estado.

La Coalición considera impostergable la puesta en marcha de un Plan de acciones priorizadas para la restitución de derechos de la niñez en conflicto con la ley, que garantice el Derecho a la vida e integridad física, programas de rehabilitación y reinserción basados en evidencia y  oportunidades sociales que aseguren el desarrollo integral de las niñas y los niños, siendo indispensable el fortalecimiento y coordinación interinstitucional en un escenario en el que cada institución procure la garantía de sus derechos.

De igual forma, urge al Estado a identificar prácticas o modelos que han funcionado para superar la problemática, estableciendo objetivos, metas, indicadores y sistemas de monitoreo y evaluación, con la asignación de talento humano suficiente con vocación de servicio y especializado.

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