El delito de corrupción en los negocios desde la óptica del Código Penal hondureño

El delito de corrupción en los negocios desde la óptica del Código Penal hondureño

Por: Juan Carlos Aguilar Moncada, abogado, coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de ASJ, y Lester Ramírez Irías, abogado, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ

Después de quince años de haber adoptado la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), Honduras puso al día su sistema penal con un nuevo Código Penal (decreto 130-2017 el pasado 25 de junio de 2020).

El legislador hondureño, inspirado en la legislación española, ha incorporado en el artículo 418 la “Corrupción en los Negocios entre Particulares” como una manera de castigar penalmente la competencia desleal que puede producirse mediante el acto de sobornar o pedir soborno. A diferencia de la corrupción pública donde el bien protegido es la administración pública como instrumento que permite “equidad y eficiencia” en el manejo de recursos públicos, en los delitos de corrupción privada es la “competencia justa y honesta” en el ámbito de los negocios, como medio para preservar las reglas de buen funcionamiento del mercado.

En términos de la conducta indebida, la corrupción privada se interpreta desde la perspectiva activa, la cual implica prometer, ofrecer o conceder un beneficio o ventaja para conseguir un trato de favor para sí o para un tercero frente a otros. Mientras que, desde la perspectiva pasiva, se castiga la conducta del sujeto que solicita, recibe o acepta.

En otras palabras, mientras que el delito de corrupción activa puede cometerlo cualquier persona, la corrupción pasiva lo comete el “titular, socio, directivo, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización…”.

Otro elemento a tomar en cuenta es el ámbito de aplicación; el delito debe cometerse en el marco de actos de comercio afectando gravemente a la competencia. Parece razonable entender que, aunque el precepto no exija un perjuicio económico efectivo, siempre se castigará, con la simple intención.

Haciendo un ejercicio de derecho comparado, vemos que la pena por corrupción privada en Honduras es de 2 a 6 años, así como, inhabilitaciones por el doble del tiempo de la pena y multas hasta por el triple del valor obtenido. En España, la pena es de 6 meses a 4 años; asimismo, el castigo es integral, pues contiene pena privativa de libertad, inhabilitación y multa. Cabe mencionar que Guatemala aún no tiene este delito en su legislación penal.

El reto para Honduras será poder investigar y procesar este nuevo delito, partiendo del hecho que se trata de corrupción entre privados.

Sin embargo, no se puede ser ajeno a que el país ha tomado un paso más para adoptar la Convención ONU Contra la Corrupción en su legislación nacional.

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Datos actualizados el 13 de marzo, 2021.