• Acceso a la información pública es fundamental durante la actual crisis, coincidieron participantes en conversatorio virtual organizado por ASJ.
• Webinar fue transmitido en vivo a través de https://www.facebook.com/asjhonduras1.

Tegucigalpa. Solo la transparencia y rendición de cuentas en las compras realizadas por el Estado, como estandarte durante la emergencia por COVID-19, permitirán generar confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, de acuerdo a representantes de instituciones públicas y de sociedad civil que participaron este viernes en un conversatorio virtual organizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El webinar “Transparencia y rendición de cuentas en los fondos de la emergencia COVID-19”, transmitido a través de la página de la ASJ en Facebook, contó con la participación de: Marco Bográn, director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H); Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); la periodista Thelma Mejía; Carlos Chinchilla, director ejecutivo del Espacio Regional de Occidente (EROC), y fue moderado por Lester Ramírez, director de Transparencia y Gobernanza de la ASJ.

Los panelistas discutieron la importancia de la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, así como principios útiles y necesarios en los procesos de toma de decisiones, analizando riesgos, factores legales y administrativos que deben cumplirse en el ciclo de adquisiciones de bienes y servicios que se desarrollen por las instituciones competentes en medio de la emergencia del COVID-19 en Honduras.

“La ciudadanía no tiene confianza en sus instituciones y es un desafío del Poder Ejecutivo para poder transparentar, principalmente durante esta emergencia; pero no se puede elegir transparencia con una Ley de Secretos y este es el momento de demandar la derogación de esa ley que permite la opacidad en el manejo de recursos”, expresó Thelma Mejía, periodista e investigadora.

Por su parte, Ivonne Ardón, magistrada del IAIP, subrayó el acceso a la información pública como un derecho ciudadano y obligación del Estado para fomentar la transparencia activa y rendición de cuentas de sus instituciones.

“El IAIP se ha enfrentado a algunos retos para poner a disposición de la población información necesaria para poder tener una participación activa y agentes de cambio, de veeduría, que estén pidiendo rendición de cuentas a quienes están manejando los fondos. En ese sentido, el Instituto tiene un reto de poder generar una plataforma especializada para que el ciudadano pueda ver única y exclusivamente los documentos que tienen información relativa al manejo de la emergencia COVID-19”, apuntó.

En ese sentido, Carlos Chinchilla, director de EROC, pidió considerar otros mecanismos para informar a la ciudadanía sobre las acciones y ejecución de fondos enmarcadas en la emergencia.

El dirigente de sociedad civil remarcó que para garantizar que cualquier iniciativa de transparencia y rendición de cuentas llegue a la población, deben considerarse “realidades de acceso a la información a través de los portales, tiene que verse del punto de vista que apenas el 4% tienen acceso a Internet y es por esta razón que portales de transparencia y otros medios no llegan a la población”.

Asimismo, se analizaron aspectos relacionados con la toma de decisiones por parte del equipo encargado de las compras a nivel central y cómo debe manejarse la información para que llegue de forma oportuna a la población.

“En Honduras nadie cree en nadie y eso era una realidad antes de la pandemia. Como gobierno podríamos estar brindando información diaria con mayor fluidez y debo aceptar que es un reto que no hemos logrado asumir adecuadamente”, manifestó Marco Bográn, titular de INVEST-H.

Desde la sociedad civil se ha insistido en la importancia de buscar mecanismos que garanticen la transparencia, una amplia participación de sociedad civil y que en el marco de la ley se establezcan estándares homogéneos que obliguen a las instituciones que deben rendir cuentas que lo hagan de manera efectiva, para garantizar que el beneficio y las atenciones lleguen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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