|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
- Honduras se mantiene estancada con 22 puntos en los últimos lugares de la clasificación global.
Tegucigalpa, 10 de febrero de 2026. Honduras no logrará avances sostenidos en la lucha contra la corrupción sin establecer controles efectivos en instituciones que absorben recursos millonarios, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), advirtió este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, al presentar los resultados del país en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2025.
El informe, publicado por Transparencia Internacional, ubica nuevamente a Honduras entre los países con peor desempeño. El país obtuvo 22 puntos sobre 100 —la calificación más baja de su historia, igual que el año anterior— y se posiciona en el lugar 157 de 182 naciones evaluadas, evidenciando un estancamiento prolongado y la falta de reformas estructurales.
En este contexto, ASJ subrayó que uno de los principales obstáculos para mejorar los niveles de transparencia es la débil supervisión sobre instituciones con alta concentración de recursos, particularmente en el subsector eléctrico.
La ENEE representa hoy el mayor agujero fiscal en la historia de Honduras. Sólo entre 2022 y 2025, la empresa estatal recibió más de L 46,543 millones en transferencias y acumuló alrededor de L 46,000 millones en pérdidas por energía desaprovechada, presionando de forma directa las finanzas públicas.
“Cada gobierno promete rescatar la ENEE; pero sin controles, sin transparencia y con estructuras capturadas por intereses particulares, la crisis se profundiza. Los recursos que se pierden en el sistema eléctrico son fondos que el país deja de invertir en salud, educación, seguridad y combate a la pobreza”, señaló Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ.
Y añadió que “cuando la corrupción captura sectores como el subsector eléctrico, el impacto no solo se mide en puntos del IPC, sino en medicinas que no llegan, escuelas deterioradas y oportunidades perdidas para los hondureños más vulnerables”.
En consecuencia, ASJ instó a implementar auditorías externas independientes, la publicación obligatoria de información financiera, procesos de compra transparentes y mecanismos estrictos para prevenir conflictos de interés, como medidas urgentes para cerrar espacios a la corrupción. Asimismo, reiteró la necesidad de fortalecer un sistema de integridad pública que incluya la profesionalización del servicio civil, concursos basados en mérito y autonomía técnica en instituciones clave.
FORTALECER LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Transparencia Internacional sostiene que la prestación de servicios públicos justos y eficaces, como la salud y la educación, depende de que los prestadores actúen con integridad. No solo es necesario que todos tengan acceso a estos servicios básicos, sino que también deberían existir verificaciones robustas en cuanto a las decisiones de gasto público a fin de garantizar que estas representen verdaderamente el interés público.
A criterio de François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, “la corrupción no es inevitable. Nuestras investigaciones y nuestra experiencia como un movimiento global en la lucha contra la corrupción demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta”.
El IPC es el indicador de corrupción más utilizado a nivel global. Este año, el informe revela un preocupante panorama de declive a largo plazo del liderazgo para hacer frente a la corrupción, acompañado por signos limitados de progreso. El índice anual muestra que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a tan solo cinco este año.
