MACCIH

  • Actual presidenta y expresidente de Transparencia Internacional se pronuncian sobre la amenaza de derogar el convenio que permite el funcionamiento de la MACCIH.

Tegucigalpa. Ante la amenaza que, desde el Congreso Nacional de la República, se pudiese promover una declaratoria de inconstitucionalidad y cancelación del convenio de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), ya se han hecho escuchar las voces de alerta desde Transparencia Internacional (TI).

Tanto Delia Ferreira, actual presidenta de TI, como José Ugaz, el expresidente de la organización ciudadana líder en la lucha contra la corrupción, se han pronunciado en las últimas horas para condenar la intención de coartar el accionar de la MACCIH en Honduras.

Ferreira calificó como “lamentable” y “preocupante” cualquier iniciativa de legislar en contra de la MACCIH.

“Esta movida representa un paso atrás en la lucha contra la impunidad de los corruptos (…) Sería un retroceso en la lucha contra la corrupción”, enfatizó y urgió al Congreso hondureño a “legislar a favor de la transparencia”.

Al mismo tiempo, recordó que “la lucha contra la corrupción es como un juego de ajedrez: las (piezas) negras también juegan”.

Por su parte, Ugaz llamó a la ciudadanía y a la comunidad internacional a movilizarse en contra de la pretensión de eliminar esta instancia anticorrupción que opera en Honduras, desde hace dos años, y que es consecuencia de un convenio entre el Gobierno de la Republica y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Las fuerzas oscuras de la corrupción se están moviendo en el Congreso de Honduras para desactivar la Misión contra la Impunidad de la OEA. ¡Ciudadanía y comunidad internacional debemos movilizarnos para impedirlo!”, expresó el peruano.

Trascendió en medios locales la existencia de un análisis jurídico basado en el cual el Congreso Nacional se aprestaría a cancelar el Convenio que dio vida a la MACCIH.

La iniciativa, al igual que el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia el 6 de marzo pasado en contra de la MACCIH, tiene lugar luego de que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrucpión (UFECIC) presentara un requerimiento fiscal contra seis diputados al Congreso Nacional por apropiación ilegal de fondos públicos destinados a proyectos sociales.

De acuerdo al Ministerio Público, los cinco diputados y una diputada se valieron de una organización no gubernamental que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.

La denominada “red de diputados”, de acuerdo al exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, podría estar integrada hasta por 140 legisladores hondureños.

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