Judicialización de corrupción Honduras

  • Ese 50% corresponde a abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
  • De 2008 a 2015 se registra solo un funcionario condenado a prisión por corrupción.
  • En ocho años, 3,471 denuncias de corrupción se presentaron al Ministerio Público

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes el informe Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015, una investigación que analiza más de un centenar de casos de corrupción presentados ante los tribunales de justicia en los últimos ocho años.En el marco de la investigación, que abarca de 2008 hasta agosto de 2015, se revisaron 110 expedientes de corrupción pública, en los cuales se identificaron 17 delitos relacionados con la misma, como cohecho, fraude y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Se establece que de los casos judicializados en el período estudiado, el 50% corresponde a abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, para los cuales en la ley permite aplicar salidas procesales alternas tales como conciliación o suspensión condicional de la persecución penal. Mientras en los delitos como el enriquecimiento ilícito, el proceso puede tardar hasta 10 años.

Lo anterior deriva en una casi nula restitución del daño causado, mientras que los imputados pueden regresar a la función pública sin antecedente penal en aquellos casos que no son reincidentes.

El informe destaca además que aunque se recibieron 3,471 denuncias de corrupción, solo 283 casos se transformaron en requerimientos fiscales presentados ante los tribunales, lo que equivale a un requerimiento fiscal por cada 12 denuncias recibidas por el Ministerio Público.

Del total de imputados, la mayoría fueron empleados o funcionarios de nivel bajo y medio, y apenas un funcionario público fue condenado a pena de prisión durante el período analizado.

El estudio tiene como objetivo conocer la estrategia de persecución criminal, las prácticas procesales de los operadores de justicia y los resultados cuantitativos y cualitativos que se han tenido en los últimos siete años.

“Nosotros creemos que sí se puede, que hay todavía esos espacios que tenemos que ir construyendo, que tenemos que fortalecerlos, que tenemos que ser honestos, que tenemos que señalar lo bueno también con valentía. Estamos siendo desafiados y creemos nosotros firmemente que con voluntad firme, con decisión, podemos revertir y podemos contribuir y hacer aportes valiosos desde la sociedad civil”, manifestó Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la ASJ.

Por su lado, el coordinador de la División de Combate a la Corrupción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Jan Michael Simons, afirmó que el informe contribuye a conocer cómo se encuentra el país en materia de lucha contra la corrupción.

“Aquí parece que hay una perversión de la lógica. La lógica acá no es hacer el proceso rápido, poco costoso y concentrado hacia los grandes procesos de corrupción si no de salidas procesales sin pagar los daños”, cuestionó.

El delegado de la Organización de Estados Americanos expresó además su sorpresa por el tratamiento que los acusados de delitos graves han recibido a través de los años. “Me llama la atención que los delitos graves, muy graves como malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y hasta el cohecho, han tenido una salida por conciliación (…) circunstancia inaceptable en un Estado de Derecho”, comentó.

Depuración de fiscales y jueces

El Fiscal General, Óscar Chinchilla, señaló que para lograr mejores resultados en la lucha anticorrupción, el Estado debe llevar a cabo una modernización que pasa además de reformas penales por la depuración de fiscales y jueces.

“La administración pública debe ser eficiente y eficaz, pero sobre todo transparente. Este proyecto no puede caminar sin la participación de la sociedad civil y el sector privado que es parte del problema y debe ser parte de la solución”, apuntó.

Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, sostuvo que “en el Poder Judicial es inevitable esa evaluación de desempeño”.

A la presentación del informe acudieron autoridades y funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial, Gobierno Central, representantes de la comunidad internacional y sociedad civil.

La ASJ es el Capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, una organización de sociedad civil cuyo trabajo se enfoca en impulsar cambios en el andamiaje gubernamental en pro de una sociedad donde prevalezca la justicia, especialmente para los más vulnerables.

  • Vea el informe Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015 aquí:

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Presentación del informe Judicialización de la Corrupción Pública 2008 -2015 / Asociación para una Sociedad más Justa

2016-06-28
informe judicialización

Salidas alternas a prisión se aplicaron a 50% de delitos de corrupción entre 2008 y 2015

Ese 50% corresponde a abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. De 2008 a 2015 se registra solo un funcionario condenado a […]