denuncias por abuso sexual infantil

  • ASJ ha logrado consolidar relaciones con el sector justicia, lo que ha derivado en avances importantes en investigaciones y judicialización de casos.
  • Se establecerá además un enlace entre el Ministerio Público y la Secretaría de Educación para dar seguimiento a las denuncias.

Tegucigalpa. La Secretaría de Educación recibió en 2016 diversas denuncias por presuntos actos de abuso sexual infantil. Sin embargo, los resultados de las investigaciones aún no son conocidos con amplitud.

En algunos casos, la información proporcionada por los denunciantes fue escasa y por otro lado, las denuncias que no lograron sustentarse prescribieron en un término de 90 días.

Estas falencias han sido identificadas por la Secretaría de Educación que, con el apoyo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), busca fortalecer los procesos de recepción y gestión de denuncias.

Esta iniciativa ha contado con el respaldo del Ministerio Público, que a raíz de las denuncias remitidas -solo en abril pasado- presentó dos requerimientos fiscales contra docentes sospechosos de la comisión de delitos relacionados con el abuso sexual infantil, en dos diferentes comunidades del oriente del país.

“El objetivo es gestionar ante el Ministerio Público para que se dé seguimiento a la investigación criminal y que el proceso no sea manejado solamente por la Secretaría de Educación como una investigación disciplinaria”, explicó Diana Medina, coordinadora del programa Rescate de la ASJ.

Como resultado de esta gestión, de tres denuncias recibidas hace poco más de un mes, dos presentan un avance importante en el proceso judicial, reportando una persona detenida y otra con orden de captura.

Estos casos corresponden a comunidades del interior, incluso una aldea remota, por lo que la Fiscalía desplazó personal para la investigación en coordinación con ASJ.

En el primero de los casos fue identificado como sospechoso el director de una escuela, quien fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.

De igual forma, se presentó un requerimiento fiscal contra un segundo sospechoso en otra comunidad, contra quien se tienen pendiente la ejecución de una orden de captura.

No obstante, en un tercer caso, los agentes de investigación del MP y ASJ no han logrado identificar a ningún sospechoso, en vista de que la persona que realizó la denuncia a la línea 104 –habilitada a solicitud de Educación-, no proporcionó nombres ni contactos específicos.

Estrategia nacional de prevención

La ASJ también colabora con la Secretaría de Educación en la elaboración de una Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y un estudio jurídico que permita complementar procesos administrativos y judiciales, de manera que ambos avancen de forma efectiva.

Para tal fin se han instalado dos mesas de trabajo: una para el proceso de diseño de la estrategia nacional y otra de denuncias. La primera persigue la construcción de una estrategia orientada en la prevención, protección y control de la violencia; la segunda, busca apoyar en el diseño de un protocolo de actuación en la gestión de las denuncias.

“Muchas veces las denuncias presentadas trascienden el hostigamiento y llegan a los actos de lujuria o violaciones, por lo que, si priorizamos el régimen disciplinario de la Secretaría de Educación, ponemos en alerta a la persona sospechosa, se afecta las investigaciones y más grave aún, no se dictan las medidas de protección urgentes a favor de las niñas o niños afectados, lo que debe ser una prioridad. Con el protocolo se espera encontrar un balance, porque existe una responsabilidad administrativa y criminal en estos casos”, explicó Medina.

Y es que cuando se identifican responsabilidades, el procedimiento administrativo contempla sanciones entre las que figuran la suspensión, despido o traslado. Este último, particularmente, agrava la situación.

Una bomba de tiempo

En dos de los casos reportados a la ASJ por la Secretaría de Educación, la acción administrativa contra los docentes fue trasladada a otra escuela, no cercana, pero ubicada dentro del mismo municipio.

En ese caso, explicó la coordinadora del programa Rescate, “lo que se hace es trasladar el problema, porque ya está comprobado que el agresor de niños siempre va a buscar estos entornos”.

De acuerdo a Medina, estos ‘depredadores’ se muestran como personas carismáticas, amables, accesibles, serviciales y queridas dentro de las comunidades.

“En los tres casos investigados, la respuesta de los padres fue: ‘no creemos’. Tal fue el caso que en una de las comunidades, la gente se aglomeró en el Juzgado en defensa del docente; pero eso es lo que debemos esperar y tanto el personal de la Secretaría de Educación como del sector Justicia, debe tener esa comprensión de que estos agresores tienen este perfil”, indicó.

Recordó el caso de un abogado de casi 50 años, acusado por abuso infantil en San Mateo, a quien durante el allanamiento de vivienda le fueron encontradas cartas de madres y niñas que le solicitaban dinero prestado o ayuda.

“Cuando esta situación se da, la gente no está atenta y baja sus mecanismos de defensa, porque no creemos capaces a algunas personas de hacer esto. Sin embargo, este no es el único perfil de estas personas; pero lo vemos más claro cuando se trata de docentes, pastores, sacerdotes o personas que tienen un grado profesional superior”, apuntó.

Y agregó que “es menos creíble porque tenemos el paradigma de que el agresor sexual es un vago, un loco, jamás una figura que representa algo para la colectividad”.

Tras la identificación de las debilidades en el proceso de denuncias y la conjunción de procedimientos jurídicos y administrativos, el principal objetivo de la ASJ es lograr la coordinación intersectorial entre Educación y Justicia, particularmente con la Fiscalía Especial de la Niñez, dentro de la cual existe un entendimiento sobre la necesidad de actuar de forma rápida en los casos de abuso sexual contra niños.

La tarea primordial es que haya una relación directa de interconsulta entre el Ministerio Público y la Secretaría de Educación, mientras el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) apoya en el estudio jurídico ante la falta de claridad del procedimiento jurídico que se debe seguir cuando el docente se ha responsabilizado de un hecho que no solo violenta la normativa de la Secretaría de Educación, sino que también constituye un delito

Actualmente, la ASJ y Educación trabajan de forma coordinada en la impartición de talleres a docentes y personal de los centros de salud no solo para la formulación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, sino para la identificación de signos de abuso sexual infantil y cómo brindar atención a las víctimas.

2017-06-20
denuncias seduc

Secretaría de Educación y ASJ buscan fortalecer procesos de gestión de denuncia por abuso sexual infantil

ASJ ha logrado consolidar relaciones con el sector justicia, lo que ha derivado en avances importantes en investigaciones y judicialización de casos. Se establecerá además un […]