Comisión Depuradora Policía

  • El documento fue elaborado por la Universidad de Nueva York en conjunto con la Asociación para una Sociedad más Justa.
  • En Honduras, mayoría de homicidios son cometidos con armas con fuego.

Tegucigalpa. Regionalización de oficinas de registro y un sistema integrado, son algunos de los aspectos que deben ser analizados para la aplicación de la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, de acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Nueva York en conjunto con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El informe fue presentado este martes a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, otros funcionarios del Poder Legislativo y miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional (CEDTPN).

Y es que la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados es un paso fundamental para enfrentar una de las principales fuentes de las altas tasas de violencia en Honduras.

Se estima que entre 400 mil y 1.2 millones de armas se encuentran en circulación en Honduras, según fuentes oficiales y organizaciones nacionales e internacionales; sin embargo, el 0.5% son utilizadas para cometer delitos y no se encuentran registradas.

IMG_7635Por otro lado, el estudio señala la necesidad de reglamentar la Ley y para ello sugiere tomar en cuenta ocho áreas claves sobre las regulaciones de la ley y la forma en que se implementan y evalúan, para que esta sea efectiva.

Entre otros puntos, se señala evaluación del funcionamiento del sistema de registro, un sistema de registro balístico, un plan público para establecer las 44 unidades regionales de registración para ampliar el acceso geográfico y la inclusión de un rango de incentivos y castigos en el otorgamiento de permisos.

Al mismo tiempo, plantea más capacitación y subsidios para almacenamiento y multas que se duplican en monto con cada infracción grave, así como análisis criminológico de patrones y tipos de armas utilizadas en el crimen, y un plan para conseguir un número confiable de incautaciones.

“Hay fragilidad en el sistema. La tenencia y portación de armas debe regularse porque no podemos seguir teniendo en Honduras un arsenal en manos de cada familia”, expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ.

El análisis cuenta además con un apartado sobre el mercado nacional e internacional de armas y municiones; registro de armas, personal y transparencia por parte de empresas de seguridad privada.

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