Senador introduce proyecto de ley para proteger a niños migrantes centroamericanos

Tegucigalpa. Un proyecto de ley que promueve la asistencia legal para los niños inmigrantes centroamericanos que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos, fue presentado en las últimas horas por el senador Harry Reid.

El proyecto denominado Justicia para los niños en las Cortes (Fair Day in Court for Kids Act) está encaminado a proveer de un abogado a los cientos de niños no acompañados, migrantes y en condición de vulnerabilidad, originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, que actualmente se encuentran bajo resguardo estatal en albergues estadounidenses.

“Las investigaciones demuestran que 9 de cada 10 menores no acompañados que navegan el sistema sin un abogado son deportados, mientras que aquellos que cuentan con abogado son cinco veces más propensos a recibir protección”, señala un artículo divulgado por la oficina de Reid a los medios de comunicación.

Dicho escrito hace una reseña de los peligros que corren los niños, mujeres y hombres centroamericanos que en busca de un mejor futuro viajan de forma ilegal a Estados Unidos.

“Centroamérica está encarando una seria crisis humanitaria que ha forzado a miles de familias y niños a acudir a nuestro país por ayuda. Debemos responder con compasión y de acuerdo con nuestros valores estadounidenses. Debemos seguir nuestra tradición nacional de ayudar a aquellos que huyen de la violencia y persecución”, remarca el senador de filiación demócrata.

De igual manera, el proyecto de ley aborda las causas que provocan que los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños migren hacia EE UU y pide a los gobiernos del Triángulo Norte que propongan reformas para abordar la violencia e inestabilidad en la región.

La legislación cuenta también con el apoyo de los senadores Richard Durbin (Illinois), Chuck Schumer (Nueva York), Patty Murray (Washington), Patrick Leahy (Vermont), Tom Carper (Delaware) y Ben Cardin (Maryland).

En diciembre de 2015, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda para Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, correspondiente a 750 millones de dólares.

El 40 por ciento de los fondos (299.4 millones) estará encaminado a programas de desarrollo, mientras que el 24 por ciento (183.5 millones) en asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) para iniciativas de seguridad.

Un 25% del total de la cooperación se entregará sin ningún tipo de condiciones, pero el 75% restante se hará en etapas y según el cumplimiento de al menos 17 medidas dirigidas a mejorar la gobernabilidad, seguridad y atenuar otras causas que provocan la masiva inmigración de hondureños a territorio norteamericano.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó en agosto de 2015 ante autoridades del Departamento de Estado de EE UU una propuesta para la ejecución del Plan Alianza para la Prosperidad, la cual está encaminada a hacer más efectivo el uso de los recursos provenientes de la Cooperación Internacional para financiar la acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en respuesta a la crisis de migración infantil registrada en 2014.

Asimismo, el presidente ejecutivo de la organización de sociedad civil y Capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, se reunió con autoridades estadounidenses en octubre pasado para expresar su apoyo a la propuesta de su gobierno.

Algunos puntos básicos de la propuesta de la ASJ

A continuación, el artículo íntegro de Harry Reid: Justicia para los niños en las Cortes:

Estados Unidos tiene un digno historial de dar refugio a los grupos más vulnerables del mundo. Mi compromiso a seguir esta tradición es personal; mi suegro, Israel Goldfarb, llegó a Estados Unidos huyendo de los pogromos bajo la Rusia zarista. Amaba a este país y las oportunidades que les brindaba a él y su familia. Como nación, debemos seguir protegiendo a aquellos que, como mi suegro, dejaron sus hogares solo porque les fue absolutamente necesario, para salvar a sus familias y salvarse a sí mismos.
Centroamérica está enfrentando una crisis humanitaria. Los países que conforman la región del Triángulo del Norte —El Salvador, Honduras y Guatemala— son tres de los más violentos del mundo. Se encuentran entre los cinco países con más feminicidios. Trágicamente, la violación, el homicidio, la extorsión, las desapariciones forzadas y el agresivo reclutamiento de las pandillas se han vuelto cotidianos. Y según el Centro Woodrow Wilson, 95 por ciento de los crímenes en la región quedan impunes.
A causa de esta terrible violencia e impunidad, miles de familias y niños no acompañados han huido de estos países desde mediados de 2014. Estos refugiados iniciaron una peligrosa travesía por Centroamérica y México, muchas veces enfrentando peligrosas redes de tráfico humano y extorsionistas. Porque buscan un mejor futuro, estos niños y familias frecuentemente se ven forzados a poner sus vidas en manos de violentos criminales.
Una investigación publicada por Fusion en 2014 reveló que un 80 por ciento de las mujeres centroamericanas que cruzaban por México para llegar a Estados Unidos habían sido violadas. No puedo imaginar cuán atemorizados deben estar estos individuos para viajar miles de millas por su cuenta. Creo que la mayoría de los estadounidenses estarían de acuerdo en que estas personas merecen nuestra compasión y ayuda. Desafortunadamente, a muchos se les ha negado la oportunidad de presentar su caso ante un juez junto a un abogado, dañando así sus posibilidades de recibir asilo y quizás resultando en la muerte por deportación.
Dadas las implicaciones de vida o muerte asociadas con la deportación, especialmente al Triángulo Norte, debemos hacer lo que nos corresponde para asegurar que no estemos poniendo en peligro a mujeres y niños que buscan asilo. Aplaudo los esfuerzos de la Administración para abordar la crisis dentro de Centroamérica, incluyendo un programa que permite que padres que residen en Estados Unidos. Pidan a sus hijos menores de 21 años, y campañas que educan a posibles emigrantes sobre los peligros del tráfico humano.
Pero se debe hacer más por asegurar que los refugiados centroamericanos sean protegidos una vez que estén en Estados Unidos. Una manera de lograrlo es asegurando que tengan acceso básico a un abogado. Es por eso que he presentado el proyecto de ley Fair Day in Court for Kids Act (justicia para los niños en las cortes), que requeriría que todo niño no acompañado y migrante vulnerable en proceso de deportación reciba representación legal.
Las investigaciones demuestran que 9 de cada 10 menores no acompañados que navegan el sistema sin un abogado son deportados, mientras que aquellos que cuentan con abogado son cinco veces más propensos a recibir protección. Los obstáculos a la representación legal no deben determinar si un individuo, especialmente un niño, goza de tranquilidad o teme por su vida. El proyecto de ley Fair Day in Court for Kids Act también requeriría que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) garantice que los inmigrantes en centros de detención o fronterizos tengan acceso a un abogado y que se les proporcionen programas para que conozcan sus derechos.
En un intento por mejorar la rendición de cuentas, este proyecto de ley obligaría al DHS reportar cuántos individuos que califican realmente reciben asesoría. Estas medidas ayudarán a asegurar que sean escuchados, no ignorados, los reclamos válidos de aquellos que buscan asilo.
Centroamérica está encarando una seria crisis humanitaria que ha forzado a miles de familias y niños a acudir a nuestro país por ayuda. Debemos responder con compasión y de acuerdo con nuestros valores estadounidenses. Debemos seguir nuestra tradición nacional de ayudar a aquellos que huyen de la violencia y persecución.
Darles la espalda a las familias y los niños no acompañados de Centroamérica, como han sugerido algunos republicanos del Congreso, sería un grave error. Proteger el debido proceso de los niños debería ser algo en lo que todos nos podemos poner de acuerdo. Insto a mis colegas republicanos a unirse a los demócratas en apoyo al proyecto de ley Justicia para los Niños en las Cortes para dar protección legal a los más vulnerables de nuestra sociedad.

 

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