Reforma a Ley Orgánica del TSC: Superando los Riesgos de Corrupción e Impunidad

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es el primer eslabón en el combate a la corrupción al tener la particularidad de poder prevenir, detectar, investigar, controlar, aportar evidencia en la judicialización penal y el resarcimiento civil de los actos de corrupción, a través de sus diferentes funciones y facultades legales como ente controlar y fiscalizador de los recursos públicos del Estado de Honduras y del comportamiento ético de los servidores públicos.

En días anteriores se ha visto como penas en delitos de corrupción pública se han reducido en el nuevo proyecto del Código Penal, dejando la puerta abierta para más corrupción e impunidad. Estas actuaciones no solo perjudican el endeble Estado de Derecho hondureño, afectando la ya manchada imagen que tiene el país en materia de combate a la corrupción y derechos humanos, sino que van en contra de la voluntad soberana del pueblo hondureño que clama justicia.

En la actualidad, se observa como en Guatemala los intentos de obstruir investigaciones de actos de corrupción y asegurar impunidad mediante la intervención del mismo poder político ha generado una nueva crisis de gobernabilidad. Honduras ya vivió esto en el 2015 y es necesario que no se vuelva a repetir, ya que no solo afecta la confianza ciudadana en la clase política y en las instituciones públicas, sino que manda un muy mal mensaje de cara a los compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción contraídos por el Estado de Honduras.

En función a los elementos anteriores, representantes de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) se reunieron el día 29 de agosto de 2017, con los diputados Oswaldo Ramos Soto y Rodimiro Mejía, presidente y miembro, respectivamente de la Comisión Especial nombrada por el Presidente del Congreso Nacional para emitir dictamen del Proyecto de Ley Orientado a Reformar y Adicionar diversos Artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Ante la apertura y buena disposición de ambos diputados, la ASJ, sin ningún tinte político partidista, agenda ideológica o motivación oculta; como organización de sociedad civil y Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en Honduras con experiencia demostrada en procesos de reforma legal e institucional y en el combate a la corrupción, brindó las siguientes observaciones a la reforma prevista a la Ley Orgánica del TSC.

1. En la reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica sobre los sujetos pasivos a ser fiscalizados, contempla incorporar a la Superintendencia de Alianza Público Privada, pero no hace mención de los restantes sujetos. Para evitar malas interpretaciones, será oportuno mantener los numerales 7 al 12 de ese mismo artículo que toma a concesionarios del Estado; a gestores de obras de infraestructura, servicios públicos, bienes del Estado o de municipalidades; y, a los fideicomisos constituidos con fondos o bienes del Estado que actualmente son más de 50. Aunque se pueda entender como una simple omisión de redacción, el pasado no muy lejano ha evidenciado que estos descuidos, en vez de corregirse, se perpetúan en ley. Es por eso que es necesario hacer el correctivo del caso antes que sea tarde.

2. En lo que respecta a la reforma prevista al artículo 57, en el se elimina la obligación de los servidores públicos de presentar declaración jurada por reingreso al cargo o al servicio público; por cambiar de dependencia o entidad; y, por ascenso, cambio de puesto o modificación del sueldo. Sera oportuno hacer la aclaración –aunque pueda ser redundante- en el mismo artículo que el servidor público está obligado ha declarar los cambios de dependencia o entidad, ascenso, cambio de puesto y modificación de sueldo en la actualización anual que por Ley debe hacer.

3. La reforma al artículo 86, en la cual se amplía el plazo que tiene el Pleno de Magistrados del TSC de 15 a 90 día hábiles para dictar resolución definitiva sobre un expediente de pliego de responsabilidad administrativa, civil o penal, implica un alargue de 4 meses más a un proceso que en promedio está llevando seis años y medio. Sumado a esto, se adiciona un segundo párrafo al artículo 86, en el cual permite al Pleno dictar resolución después de los 90 días, a través de una prorroga sin marco de temporalidad definido. Dejar abierta una prórroga, sin establecer causas o plazo de la prórroga, puede ser caldo de cultivo para que los pliegos de responsabilidad se “engaveten” y el Estado de Honduras perderá millones de lempiras en reparaciones patrimoniales a través de esta impunidad. Asimismo, es contrario al principio de celeridad procesal, pronta resolución y debido proceso enmarcado en la Constitución de la República y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.

4. Con respecto a la reforma prevista al artículo 106, correspondiente a la facultad que tendrá el TSC para nombrar, cancelar y supervisar a los auditores internos, es importante mencionar que no se hace mención del procedimiento de selección, contratación o evaluación, bajo principios de transparencia y meritocracia. Es de recordar, que la recomendación 1.1.5 de la Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), estableció que se debía “Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos para empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas”. Esta recomendación surge como resultado de la verificación que hizo el MESICIC en su visita a Honduras en abril de 2016, en la cual las del TSC no pudieron presentar evidencia documental sobre la transparencia en sus procesos de contratación de auditores. La politización o nombramiento de auditores con intereses privados es una realidad que ya sufrió la población hondureña en el caso del escándalo de corrupción del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

5. La ASJ en el mes de marzo de 2017, presentó (incluyendo al nuevo Pleno de Magistrados del TSC y la comunidad de cooperantes internacionales interesados en fortalecer el TSC) el Informe de Veeduría Ciudadana del TSC que traza la ruta e hitos para la modernización del TSC y que contemplaba las reformas en materia de personal auditor, metodologías de seguimiento a recomendaciones de auditoria, gestión de pliegos de responsabilidad e investigación del enriquecimiento ilícito. Este insumo también fue entregado en formato físico a los diputados Oswaldo Ramos Soto y Rodimiro Mejía para una mejor comprensión de la problemática que afronta el TSC y el sistema nacional de controles públicos.

Sin duda, se debe reformar la Ley Orgánica del TSC ante los cambios que ha tenido la administración pública hondureña en los últimos años; así como, las nuevas formas de corrupción que hay. Es por eso que respetuosamente solicitamos al Honorable Congreso Nacional que considere las observaciones planteadas arriba y los insumos brindados en el Informe de Veeduría Ciudadana al TSC, en el marco del análisis transparente, técnicamente riguroso y participativo para que se puede aportar a una verdadera reforma integral del Tribunal Superior de Cuentas.

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