Pese a obstáculos, familia recibe justicia con apoyo de ASJ

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Pese a obstáculos, familia recibe justicia con apoyo de ASJ

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  • Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados.

¿Haría cualquier sacrificio para proteger a las personas que ama? ¿Vale la pena enfrentarse a cualquier obstáculo para obtener justicia? La respuesta a estas preguntas puede resultar fácil, al menos para cualquiera que no haya atravesado las dificultades que vivió la familia Ramos López.

Los Ramos López habitan en un caserío del vasto departamento de Olancho, en la zona oriental de Honduras. Desde la ciudad, es necesario cruzar una ruta de difícil acceso por más de dos horas, a través de ríos y caminos estrechos entre la maleza, para llegar a la comunidad.

En este caserío olanchano, los niños deben acudir a la única escuela existente, la cual hasta 2010 -al menos- era un centro unidocente, como muchos en las zonas rurales del país donde un solo maestro atiende a todos los alumnos de diferentes niveles y además se encarga de dirigir los asuntos administrativos.

En este lugar tan apartado de la ciudad, todos los habitantes se conocen y han mantenido relaciones familiares o de amistad por muchos años. Por ello, que uno de sus miembros pudiera atentar contra la integridad de una de sus hijas era difícil de imaginar para Martha y Pedro.

Sus pequeñas asistieron a esta escuela toda la vida; pero no pudieron culminar su primaria debido al acoso que su familia sufrió por parte de los residentes del lugar. Su única falta fue haber denunciado al maestro de la comunidad.

La pesadilla comienza

En marzo de 2017, un habitante de Poncaya acudió a las oficinas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con una alarmante denuncia: el único maestro de la comunidad estaba abusando de una de sus alumnas y lo había hecho durante los últimos tres años.

Fue así como el equipo del programa Rescate se movilizó para realizar diligencias y solicitar una investigación al Ministerio Público (MP). Al visitar la zona, abogados e investigadores constataron que existía una denuncia, interpuesta ante la Fiscalía de Catacamas por la madre de la menor de edad. La denuncia, con fecha de diciembre de 2016, no obtuvo respuesta en ese momento.

Ante la situación, la ASJ solicitó que se asignara un Fiscal al caso. El docente fue detenido poco después y mediante gestiones de la Fiscalía de la Niñez en Tegucigalpa, se obtuvo la declaración de la víctima como prueba anticipada para ser presentada en juicio.

Tanto la Fiscalía como la ASJ ha promovido el uso de la Cámara de Gesell para registrar la declaración de las víctimas de abuso sexual. Este mecanismo permite que la víctima no se expuesta al traumático incidente una y otra vez, por lo que desde 2014 se utiliza en los procesos judiciales para obtener las declaraciones y presentarlas ante un juez.

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En la declaración de la niña se asentó que el abuso comenzó con acercamientos inapropiados cuando ella tenía apenas 9 años y se extendió hasta aproximadamente los 12 años con actos de lujuria, tiempo durante el cual el perpetrador la amenazaba con reprobarla si comentaba la situación a sus padres.

Las amenazas fueron repetitivas, acompañadas por visitas del maestro a la casa de la familia, donde manifestaba a los padres que la niña necesitaba reforzamientos para poder avanzar en la escuela.

“Yo no decía nada porque él me dijo que me iba a aplazar y mis papás hacían mucho esfuerzo para que yo siguiera estudiando”, manifestó la niña.

Debido a la confianza que inspiraba el maestro y la buena reputación de la cual gozaba, los padres nunca imaginaron lo que escondía.

“Él era una persona tan querida para nosotros que él iba a nuestra casa, tomaba café, comía con nosotros. Nos decía que la niña salía adelante con ayuda de él porque iba muy mal en la escuela”, recordó la madre.

Sin embargo, comenzó a notar que había perdido el apetito, no deseaba ir a la escuela y se encontraba retraída. Ante el agravamiento de estos signos, decidió llevarla al centro de salud de la comunidad en busca de atención médica. En el centro sanitario, los doctores le explicaron que el problema de la niña apuntaba a un tema psicológico, le alertaron de señales de abuso sexual y la remitieron a la Fiscalía.

caso olancho2Una lucha por justicia

Con el apoyo técnico y logístico de la ASJ, la denuncia se reactiva en marzo de 2017; pero a partir de la celebración de la audiencia inicial contra el imputado, se registraron una serie de impasses que dificultaron el proceso judicial y la situación de la familia Ramos López.

El fiscal asignado al caso fue cambiado en cuatro ocasiones, lo que a su vez afectó la solicitud de evaluaciones para la obtención de dictámenes de Medicina Forense necesarios para el juicio.

Por su parte, la familia fue víctima de amenazas en repetidas ocasiones. A pesar de vivir en una zona retirada, desconocidos armados se acercaron a su vivienda para buscarlos e intimidarlos, personas vinculadas con el acusado les ofrecieron dinero para retirar la acusación, sus propios amigos los marginaron por haber interpuesto la denuncia aduciendo que por su culpa la escuela se había quedado sin maestro y otra serie de acusaciones que persistieron con el tiempo.

“Nosotros no salimos de la casa si no salimos juntos. No tenemos amigos porque todos creen que somos culpables de la situación”, comentó la madre.

Y el padre añadió que “en la finquita nadie quiere trabajar con nosotros porque nos ven como personas que acusamos a la gente. No nos quieren porque denunciamos al maestro, pero nosotros nunca hemos tenido pleitos con nadie”.

Para ayudar a la familia a superar los traumas provocados por estos hechos, la ASJ les visitó en varias ocasiones para brindarles terapia psicológica, la cual está siendo seguida con apoyo de la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (Predisan).

No obstante, el proceso legal contra el imputado encontró nuevos obstáculos. Las audiencias fueron suspendidas varias ocasiones y fue necesario que la menor de edad declarara nuevamente para aclarar las fechas en las que acontecieron los hechos, pese a la objeción de que esta situación la ponía en condición de revictimización.

Aunque la ley establece que la interrogación de la víctima debe cuidarse, los jueces no se encontraban preparados y en un momento, demeritaron el testimonio de la afectada.

Sumado a esto, un grupo de vecinos de la comunidad acudieron a protestar por el juicio contra el maestro, asegurando que era una persona de credibilidad y que debía regresar a la escuela.

Estas situaciones hicieron que el camino hacia la justicia fuera enrevesado para la familia Ramos López; sin embargo, no renunciaron en su lucha.

Con el acompañamiento de la ASJ, la familia decidió seguir el proceso, aunque tampoco contaba con protección de las autoridades ante las amenazas recibidas.

Finalmente, el docente fue declarado culpable por el tribunal de justicia y se espera la audiencia de individualización de pena, aunque no se pudo comprobar que los hechos ocurrieron en más de una ocasión.

Sumado a esto, la Secretaría de Educación comenzó un proceso administrativo y de disciplina contra el maestro en marzo de 2017, al cual deberá someterse una vez que cumpla su pena en prisión.

Actualmente, la ASJ junto a Plan Internacional, trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación en una campaña para la prevención del abuso sexual infantil en 10 centros educativos de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

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