Ministerio Público no puede volver a ser cooptado por grupos corruptos y criminales

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Ministerio Público no puede volver a ser cooptado por grupos corruptos y criminales

pronunciamiento eleccion fiscal
  • Grupos que se sienten amenazados por las acciones de persecución penal impulsadas por el MP, pretenden –en lugar de elegir un nuevo Fiscal General- nombrar una Comisión Interventora para autoprotegerse. Este pacto partidario afectaría fuertemente la independencia y eficiencia del MP, perturbaría la lucha en contra de violencia y delincuencia.
  • La Junta Proponente debe, con el mayor rigor técnico y sin prisa alguna, seleccionar a los mejores candidatos para que el Poder Legislativo pueda elegir al Fiscal General más idóneo, tal cual es aspiración de la ciudadanía.

 

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, en el marco de la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y ante la pretensión de algunos grupos políticos de nombrar una Comisión Interventora al Ministerio Público (MP), nos pronunciamos de la siguiente manera:

  • El MP, una institución creada hace 25 años, continúa todavía fortaleciendo sus capacidades institucionales y en este proceso de elección de las nuevas autoridades, está bajo la amenaza de retrocesos que estarían garantizando continuar con la impunidad que ha prevalecido históricamente en Honduras.
  • Las acciones de judicialización de los últimos meses, entre las cuales destacan la persecución penal a altos exfuncionarios, actuales parlamentarios y exmiembros del Poder Legislativo que administraron indebidamente fondos públicos, así como las líneas de acción que el MP ejecuta –en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)- en contra de dirigentes políticos, policías depurados y empresarios, coloca a la institución en posición de amenaza, ya que quienes se han aprovechado de los bienes y recursos del Estado, o han utilizado sus puestos para beneficio personal, familiar y para ampliar el espectro de relaciones con políticos y empresarios beneficiados de la corrupción y la impunidad, no escatimarán recursos para debilitar la entidad. Es la misma posición de amenaza que estos grupos vieron en el MP en 1999, cuando lo debilitaron, al eliminar la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Se olvidan los políticos que el MP es una institución del Estado que funciona con fondos de los contribuyentes, creada para perseguir a los que cometen delitos y NO PARA PROTEGERLOS.
  • Los sectores investigados y judicializados, y los que sienten que pueden llegar a ser perseguidos, han desarrollado un espíritu de cuerpo, posición que comparten en el Congreso Nacional las cúpulas –oficialistas y de oposición- de las principales fuerzas partidarias ahí representadas. La búsqueda de opciones para dar otro rumbo al MP y controlar las acciones que desde ahí se ejecutan, es compartida y asumida por estos tres grupos parlamentarios.
  • Este año 2018, los diputados han aprobado disposiciones legales que debilitan la acción penal, postergan y retrasan las acciones para aplicar las leyes, y debilitan el MP. Es en estas decisiones del Congreso Nacional en las que se fundamenta la certeza que buscan un Fiscal General que se convierta en su defensor y su cómplice; y que este alto funcionario no cumpla con el mandato constitucional de defender a la sociedad.
  • Preocupa el poco número de aspirantes al cargo, y más todavía sabiendo que entre los que aspiran hay algunos de militancia partidaria abierta, y hay otros de desempeños cuestionados. Y ante la inexplicable prisa que aparentan tener los nominadores, conocemos que –secretamente- algunos grupos de interés tienen la intención de elegir una Instancia Tripartita, denominada Comisión Interventora, integrada por los tres sectores políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional, que asuma la conducción del MP mientras se eligen autoridades de esa entidad operadora de justicia. Esta histórica forma de llegar a acuerdos se inscribe en la tradición de distribuirse las instituciones para autoprotegerse. Y, en consecuencia, ningún caso bajo investigación u otros que surjan, en los que hay políticos de estas formaciones partidarios, avanzarán o se iniciarán investigaciones.
  • Un pacto partidario de este tipo afectaría fuertemente la independencia y eficiencia del MP, perturbaría la lucha en contra de violencia y delincuencia, poniendo en riesgo lo mucho que se ha logrado en materia de reducción de la tasa de homicidios en el país; del mismo modo, haría disminuir la efectividad de las diferentes unidades especializadas del MP en el combate a los carteles del narcotráfico, las maras y pandillas, y las redes de corrupción que han sido sometidas al hostigamiento y persecución de las diferentes fiscalías y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
  • Asimismo, la labor de la MACCIH se vería obstruida debido a la falta de voluntad política de los rectores de la política de persecución penal en el país, que bloquearían los programas de asistencia técnica que se están implementando a fin que fracase la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se corre –inclusive- el peligro que muchos de los casos priorizados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la MACCIH, sean descartados cuando en ellos estén involucrados altos dirigentes políticos de los partidos que conformar el triunvirato promotor del debilitamiento e independencia institucional del MP.
  • Ante esta dramática situación, las organizaciones que suscribimos el presente documento, instamos a la Junta Proponente para elegir –en el marco de lo que establece la Ley- los candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto, garantizar que con el mayor rigor técnico y con la profundidad requerida se evalúe a quienes serán potenciales nominados a dirigir el MP. Solamente una nómina de candidatos idóneos garantiza elegir un Fiscal General idóneo, que llene las expectativas que el pueblo hondureño tiene; una buena lista no dará más opción a que los diputados elijan –pública y transparentemente- al mejor Fiscal General de la República y al mejor Fiscal General Adjunto de la República, y no encuentren excusas para no designarlo.
  • Finalmente, hacemos un llamado a la población en general y a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que le den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante la Junta Proponente y el Congreso Nacional de la República, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP.

 

Tegucigalpa, M.D.C.; 23 de mayo de 2018

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE HONDURAS (AVVH)

ASOCIACIÓN JUVENTUD SIGLO VEINTIUNO (JUSIVE)

ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ)

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSQUITIA MOPAWI

CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA DE HONDURAS

COORDINADORA ESTUDIANTIL ANTICORRUPCIÓN (CEA)

DIÓCESIS DE LA CEIBA DE LA IGLESIA CATÓLICA

ESPACIO REGIONAL DE OCCIDENTE (EROC)

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (FOPRIDEH)

FUNDACIÓN ALFREDO LANDAVERDE

INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)

JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA (JCV)

PREDICAR Y SANAR (PREDISAN)

PROYECTO ALDEA GLOBAL (PAG)

PASTORAL SOCIAL CARITAS

TRANSFORMEMOS HONDURAS (TH)

WORLD VISION HONDURAS (WVH)

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