Honduras requiere un modelo especializado de atención para la niñez privada de libertad

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Honduras requiere un modelo especializado de atención para la niñez privada de libertad

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  • ASJ presentó en 2016 un estudio sobre las condiciones de vulneración de derechos de menores infractores de la ley penal y lamentablemente las autoridades no tomaron en consideración las recomendaciones ahí planteadas.

Tegucigalpa. La muerte de cuatro menores de edad en un hecho violento ocurrido en el interior del centro de internamiento Renaciendo, en Támara, Francisco Morazán, demuestra la vulnerabilidad del sistema y la falta de una política integral de atención a la niñez privada de libertad, señalaron este miércoles representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Terrible y doloroso lo que pasó en el centro de internamiento de menores Renanciendo. Desde ASJ hicimos propuestas, trajimos expertos internacionales; pero la inoperancia, dispersión e intereses mezquinos se impusieron”, lamentó Carlos Hernández, director ejecutivo de la organización de sociedad civil y representante de Transparencia Internacional (TI), en Honduras.

Y es que la ASJ presentó en el año 2016 un estudio sobre las condiciones de privación de libertad de la niñez y juventud infractora de la Ley Penal. A través del documento se expuso la problemática que implica la vulneración de derechos a la niñez y juventud privada de libertad por la ausencia de condiciones dignas de acceso a salud, alimentación, habitación, seguridad, educación y esparcimiento.

Además, señaló entonces la situación de ingobernabilidad en dichos centros, lo que desencadena enfrentamientos con resultados mortales, evasiones masivas, daños a la infraestructura y con ello la incidencia de nuevos hechos delictivos, todo bajo la custodia del Estado.

A finales de noviembre de 2016, es decir hace tres años, la ASJ se pronunció para pedir al Estado un tratamiento integral de atención a la niñez y juventud infractora, con el respaldo de organizaciones como: Visión Mundial, Confraternidad Evangélica de Honduras, CARE, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Plan Internacional, Proponente Más, Orphan Helpers, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica, Cooperación Canadiense, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (Unicef) y Compassion International.

Entonces, fueron señalados casos de vulneración de derechos humanos, inexistencia de modelos especializados de atención, ausencia de recurso humano calificado, cobertura limitada de servicios, infraestructura inadecuada y condiciones de habitabilidad inhumana en los centros: Renaciendo, Jalteva, Los Cobras y Sagrado Corazón, ubicados en Francisco Morazán y Cortés.

Ante la situación que se ha venido registrando en los últimos años en estos centros de internamiento, se evidencia la inexistencia de una perspectiva técnica o visión de enfrentar esta problemática desde sus raíces, en lugar de atender sola la emergencia. Para ello es necesario implementar una política técnica y especializada en la materia, programas permanentes de prevención de la delincuencia juvenil, de reinserción social y seguimiento post sanción.

De acuerdo a Diana Medina, directora de Seguridad y Justicia de la ASJ, “no existe una estructura de programas, de servicios, que permita que se cumpla el propósito de justicia especial, que es que haya una rehabilitación y una reinserción a la sociedad. Hicimos recomendaciones específicas encaminadas a promover que el Estado dicte políticas institucionales específicas para atender la problemática y cumplir el propósito del sistema”.
“Al igual que en las cárceles del país, en estas correccionales se deben tomar medidas extraordinarias, se debe buscar apoyo técnico especializado y garantizar que personal a cargo de las mismas sean certificados en sus competencias e idoneidad”, apuntó por su parte Omar Rivera, coordinador de Incidencia Política de la ASJ.

Cabe señalar que Honduras ha ratificado instrumentos internacionales como: la Convención de Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que ya establecen estándares mínimos de intervención en centros de internamiento para menores infractores de la ley penal.

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